vitoria. El director de Derechos Humanos del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, elaboró un primer informe sobre las víctimas de violencia política despertó las iras de PP y PSE. Apenas dos años después permitieron con sus votos solicitar por unanimidad un nuevo informe que contemple la reparación a estas personas. ¿Qué diferenciaba el texto de Landa del que ha preparado Unesco Etxea? Según el Gobierno, el hecho de que aquel aludiera al "conflicto" lo hacía intolerable.
En todo caso, no es ésta la única diferencia entre ambas iniciativas. El texto de Landa incluía un listado de 105 muertos y 538 heridos, y cuatro grandes bloques. El primero de ellos es el que encabezan como victimarios las fuerzas de seguridad, y los epígrafes contemplados en este caso son Bajo custodia policial. Tortura, Centros penitenciarios, En controles de carreteras o similares, Por confusión, abusos u otros, En altercados o fuera de servicio, y En manifestaciones y movilizaciones diversas.
El segundo gran grupo es el de las víctimas que lo fueron a manos de grupos parapoliciales o ultras. Atentados, Secuestros, Agresión sexual, En manifestaciones, y Amenazas y bienes, son los supuestos contemplados en este caso en el ya desechado informe de Landa. Los otros dos ámbitos de investigación de Landa son los de los muertos en aplicación de la pena capital y los desaparecidos.
El texto que se presentará el miércoles en el Parlamento elude anotar nombres y apellidos, así como supuestos que permitan a una persona identificarse como víctima de violencia de motivación política. Serán estas las que deberán acudir al Gobierno Vasco para solicitar el reconocimiento y reparación al que tienen derecho desde 2008 las víctimas de ETA, del Batallón Vasco Español, del GAL o de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.
