Vitoria. "No tenemos competencia para diseñar ni ejecutar las políticas de los gobiernos pero, como cada ciudadano, tenemos todo el derecho a exigir". Sobre esta máxima, un amplio grupo de colectivos de damnificados por la violencia de ETA dirigido por la Fundación de Víctimas del Terrorismo hizo público ayer un texto consensuado que plantea toda una lista de exigencias que, a su juicio, deben regir cualquier proceso destinado a buscar el fin del terrorismo para que ninguna de sus consecuencias quede "impune".
La presidenta de la FVT, Maite Pagazaurtundua, protagonizó la presentación de este texto repleto de advertencias dirigidas al Gobierno -al que harán llegar el texto- para que no atraviese nunca las líneas rojas que dibujaron ayer.
"principios rectores" Ante un posible proceso de búsqueda del fin de la violencia, las asociaciones firmantes -entre las que destaca la presencia de la AVT, Dignidad y Justicia y las fundaciones Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa, tanto como la ausencia de la VCT que lidera Francisco José Alcaraz- reclaman que los poderes públicos exijan en todo momento tanto a la organización terrorista como a sus presos y a su entorno político que condenen toda su historia para poder algún día reintegrarse de pleno derecho en la sociedad.
El documento, presentado bajo el nombre No a la impunidad, no deja espacio a la duda en la exposición de sus exigencias -que definen como "condiciones democráticas básicas"- y apuntala la "justicia" de sus argumentos subrayando que las víctimas "nunca se han vengado" de sus victimarios.
La exigencia de la "condena" preside el planteamiento que recoge este texto aunque, según apunta sin un acuse de recibo claro pero mirando sin duda a la clase política, haya "mucha gente temerosa de exigir esto a ETA". Así, a poco más de un paso de las próximas elecciones municipales y forales de primavera, y en medio del mar de especulaciones que barajan la posible participación en ellas de la izquierda abertzale hoy ilegalizada, el documento advierte de las aviesas intenciones que ven tras los avances de un mundo que, según se felicita, "se asfixia fuera de las instituciones".
los adornos y el tongo La desconfianza está arraigada en cada una de las reflexiones que las asociaciones hacen en torno a esta cuestión. En su opinión, todas las declaraciones que vienen haciendo los dirigentes de la antigua Batasuna "están trufadas de adornos semánticos y maniobras ambiguas que hacen imposible comprobar que no haya tongo o engaño, como ha sido habitual" hasta ahora, y todos sus movimientos estratégicos están plagados "de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar". Por todo ello, exigen claridad y abogan por que las instituciones profundicen en la estrategia de la tolerancia cero y se distraigan del cumplimiento más estricto de lo que hoy en día marca la ley al respecto, dinamitando así cualquiera de las "pistas de aterrizaje" que, a su juicio, está buscando este mundo de cara a la próxima cita con las urnas.
la generosidad como chantaje Por último, el documento reserva un amplio apartado referente al futuro de las personas que se encuentran encarceladas por delitos relacionados con la estrategia del MLNV. También a ellos les exige condenas claras de su actividad pasada tanto a nivel personal, reconociendo el daño causado y cumpliendo íntegramente sus penas, como a nivel público, denunciando las motivaciones ideológicas que les llevaron a la violencia. "No serían aceptables soluciones colectivas", advierten al Gobierno español, antes de añadir que tampoco permitirán la aplicación de "medidas de gracia" enmascaradas en una aplicación "laxa" de la política penitenciaria.
"Las víctimas no podemos acabar siendo doblemente perdedoras, primero con el terrorismo y después con el fin del terrorismo", subrayan por último estas asociaciones para las que el hecho de que se les pida "generosidad" o que sacrifiquen sus reivindicaciones en pos de la paz sería "una forma de chantaje moral".
