vitoria. "Es evidente que ante informes similares de la Ertzaintza la Audiencia Nacional ha autorizado unas manifestaciones y ha prohibido otras". Con estas palabras, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, se desvinculó ayer de los vetos a la marcha de Adierazi EH convocada para el 11 de septiembre y a la que, tras una primera prohibición, convocó el mismo día el ex consejero Sabin Intxaurraga.

Ares afirmó en el Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta del parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala, que la Ertzaintza redactó informes "muy similares" sobre las marchas convocadas con motivo de las fiestas Bilbao y San Sebastián, que fueron autorizadas por la Audiencia Nacional y que reclamaban los derechos de Euskal Herria, y las suspendidas en septiembre.

Éstas últimas proponían un lema que defendía los derechos civiles y políticos y el derecho a la vida, y entre sus impulsores se encontraban partidos y asociaciones legales, además de personas vinculadas a la izquierda abertzale. Sin embargo, los jueces decidieron prohibir la primera, tras estudiar informes policiales, y también la segunda, sin solicitar nuevos datos, por entender que Intxaurraga trataba de vulnerar el primer veto.

"No hemos hecho nada distinto de lo que hicimos el 14 de agosto -en Donostia-. Es lo que hacemos habitualmente y lo que también hicimos en la concentración de Bilbao", señaló Ares. En la capital vizcaína, Interior propuso un recorrido alternativo por motivos de seguridad, pero no discutió la legalidad del acto.

Agirrezabala pidió la comparecencia del consejero porque, al no haberse registrado ninguna petición expresa de prohibición, el informe de la Ertzaintza pudo haber sido determinante para que la Audiencia Nacional se manifestara como lo hizo. El parlamentario acusaba al tribunal de actuar de forma "parcial", y a Interior de "estar detrás" de la prohibición. Sin embargo, Ares, que criticó al portavoz de EA por "poner en duda la profesionalidad de los agentes" que redactaron el informe, aseguró que éste era "riguroso".

Según el consejero, el 11 de agosto el Departamento recibió la solicitud para celebrar la manifestación, y el 1 de septiembre Interior comunica a la Audiencia Nacional que "no ve objeciones" a la marcha, aunque informa de que entre las adhesiones registradas están las de personas vinculadas a la izquierda abertzale. Un día más tarde la Fiscalía solicita un informe más exhaustivo, que se remite el día 9, y dos días más tarde se comunica la prohibición de la primera marcha, basada también en otros informes policiales y en la solicitud de prohibición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. "Interior no oculta que hay convocantes legales", afirmó Ares. Según el consejero, después de haber informado a la Audiencia Nacional sobre la segunda marcha, una vez desconvocada la primera, los jueces la vetaron sin reclamar nuevos datos.

Sí tiene que ver Interior, en cambio, con la prohibición de las tres manifestaciones convocadas para ayer con motivo del Gudari Eguna en diferentes puntos de la CAV. Después de que el Departamento suspendiera las marchas previstas en Alonsotegi y Durango -ésta última desconvocada el sábado por sus promotores-, ayer mismo se conoció que la consejería también se oponía a una manifestación similar que debería haberse celebrado en Eibar. En los tres casos se pensaba esgrimir el lema Borroka da bide bakarra (la lucha es el único camino), que Interior considera "constitutivo de delito".