BILBAO. La crítica de ELA, según han expresado hoy en rueda de prensa en Bilbao la secretaria de la federación de Servicios Públicos, Izaskun Garikano y el responsable de Enseñanza, Xabier Irastorza, se basa en una instrucción remitida a los diferentes servicios por la Dirección de la Función Pública, estableciendo diversas medidas para reducir el gasto de personal.

Entre estas medidas, según ELA, figura la decisión de no cubrir bajas inferiores a seis meses (salvo en Educación), la amortización de las plazas que puedan considerarse prescindibles y la destrucción de todas las vacantes producidas por jubilación o fallecimiento.

Estas decisiones, según ELA, van a afectar directamente a la calidad de los servicios públicos, como Osakidetza, la educación pública o la justicia.

En este sentido han apuntado que a lo largo del verano se han dejado de sustituir bajas y vacaciones en diferentes ámbitos hospitalarios, incluso en algunos saturados de trabajo como las urgencias.

En la educación pública, han explicado, se ha reducido el número de plazas que se han ofertado a los sustitutos y en la administración de Justicia han dicho que "cualquier juzgado está hoy al borde del límite por las cargas de trabajo".

Los dirigentes de ELA han denunciado que esta situación va a hacer que se resientan los servicios públicos, lo que afectará tanto a los usuarios como a los propios trabajadores.

Por eso ELA ha planteado la hipótesis de que detrás de estas medidas pudiera existir un intento de privatización de algunos servicios públicos. "Estas medidas -han asegurado- más parece una coartada para atacar al servicio público que algo que persiga la reducción del gasto".

Han acusado también al Gobierno de incumplir el acuerdo suscrito con los sindicatos para dotar de estabilidad a una parte de plazas "estructurales" de los diferentes servicios de la administración, cubiertas hasta ahora con "contratos eventuales, en muchos casos realizados en fraude de ley".

Según ELA, de las 13.000 plazas pactadas, unas 5.700 no se van a cubrir y otras 1.100 serán destruidas o amortizadas.

Los dirigentes de ELA han criticado que estas medidas, "que pretenden destruir los servicios públicos, se produzcan en el momento en que la sociedad más los necesita".