El Artículo 100.2, una cuestión de Estado

La reforma, unida a la doctrina Parot, que obliga a calcular las redenciones sobre el total de la pena, y no sobre los 30 años máximos de prisión que se aplicaban antes de 2003 -ahora son 40-, establece que para acceder al tercer grado con una condena de 30 años hay que cumplir como mínimo 24. Así, en el caso de los presos de ETA con delitos de sangre, las penas han de cumplirse prácticamente en su totalidad.

Sin embargo, el artículo 100.2 ha sido la llave para sacar de prisión a reclusos de toda índole y dispares fichas de antecedentes, aunque siempre con un nexo común, el factor de la oportunidad, e incluso el de la necesidad, para el Estado. Dice el 100.2 que, "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados -el segundo y el tercero-, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad". Es decir, que un preso puede salir a la calle a trabajar o por razones humanitarias sin necesidad de acceder al tercer grado, el que por Ley establece el cumplimiento de la pena fuera de prisión, ese grado cuyo acceso se endureció en 2003.

Los arrepentidos de ETA

En su intento de dividir al EPPK, el colectivo de presos de ETA, el Ministerio del Interior ha trasladado a Nanclares de la Oca a varios reclusos que han cumplido, aún no sabe de qué forma y hasta qué punto, con las condiciones que establece la Ley Orgánica de 2003 para acceder a beneficios penitenciarios. El preso ha de "haber colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". Además, el preso debe firmar "una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas" y realizar una "petición expresa" de perdón a sus víctimas.

De momento, varios presos de ETA -Alfredo Pérez Rubalcaba dice que ya no lo son- con historiales como los de Idoia López Riaño o José Luis Álvarez Santacristina, que ha pedido que se le aplique el 100.2, han emprendido este camino, y a otros, como Fernando Luis Astarloa, Andoni Muñoz e Iñaki Rekarte, ya se les ha aplicado el 100.2 y pueden salir a la calle a iniciar el camino de la reinserción, aun siendo presos en segundo grado.

El órdago de Iñaki de Juana

En pleno proceso de negociaciones entre ETA y el Gobierno, por un lado, y Batasuna, PSE y PNV por otro, Iñaki de Juana decidió declararse en huelga de hambre para exigir su excarcelación. El preso guipuzcoano había cumplido su condena por 25 asesinatos, pero se le aplicó la doctrina Parot para alargar unos meses su condena. El entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que se intentaría "construir una nueva imputación penal por pertenencia a banda armada". Así, la Justicia entendió que De Juana debía pasar otros doce años entre rejas por escribir dos artículos en los que se le acusaba de verter amenazas terroristas.

El preso retomó entonces la huelga de hambre que había abandonado, y el órdago le salió bien. De Juana metió en un aprieto a todas las partes que negociaban en Loiola, además de a ETA y al Gobierno. Sin embargo, no fue él quien abortó el proceso, sino la bomba de la T-4. De Juana, de todos modos, siguió con su huelga, y el Estado se encontró con un serio problema. Debía elegir entre excarcelar a quien erigió en símbolo del terrorismo más cruento y despiadado, o dejarle morir y regalarle un Bobby Sands a la causa independentista. Sands era un preso del IRA que murió en 1981 tras protagonizar una larga huelga de hambre, un suceso que multiplicó las simpatías hacia los republicanos de Irlanda del Norte durante los ochenta.

Así que se optó por excarcelarlo. A De Juana se le aplicó a principios de 2007 el 100.2 por razones humanitarias, cuando ya se le había reducido la condena a tres años, salió de prisión tras 63 días de huelga de hambre -Sands murió a los 66 días de dejar de comer- y generó una tormenta política en el Estado.

La depresión de Rafael Vera

En febrero de 2005, el secretario de Estado para la Seguridad en los tiempos del GAL, Rafael Vera, ingresa por tercera vez en prisión, esta vez para cumplir condena por malversación de fondos. Un año y un mes después, a Vera le aplican el 100.2 porque, al encontrarse aislado de los presos comunes, había caído en una fuerte depresión, así que se le permitió dormir en su casa cinco días a la semana hasta que, en agosto, le conceden el tercer grado.

Las razones de la trayectoria penitenciaria de Vera y de todo lo relacionado con el GAL hay que leerlas, al menos por el momento, entre líneas. El año pasado, en una entrevista a la revista Vanity Fair, Vera afirmaba que el no fue "el último responsable" de la organización paraestatal y añadía: "Nunca he mentido. He podido ocultar, callar las cosas que conozco, pero no mentir. Estoy tranquilo conmigo mismo y con lo que hice. En cualquier caso, vamos a ver, después de un atentado como el de Hipercor, con más de 20 muertos, ¿usted qué cree que pide la opinión pública?". De Felipe González dijo que "ser un buen político es incompatible con ser una buena persona", para afirmar después que él se encontró con el GAL en marcha cuando entró al ministerio y él terminó con la organización en 1987. Hasta hoy, nunca ha comprometido a sus superiores en la guerra sucia.

Las crisis cardiacas de Galindo

Enrique Rodríguez Galindo cumplía en 2004 una pena de 75 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala cuando su dolencia cardiaca le impidió seguir en prisión sin riesgo para su vida. Tampoco se le podía conceder el tercer grado, dado lo prolongado de su pena, así que se le aplicó el 100.2 por razones humanitarias, exactamente igual que a Iñaki de Juana en 2007. Tres meses después de salir de prisión el juez le concede el tercer grado al considerar "absurdo" no aplicar una figura que ya se daba de hecho en el caso del guardia civil. Tampoco Galindo ha implicado a sus superiores.

El administrador Manuel Prado

El diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal fue condenado a dos años de prisión por apropiación indebida en abril de 2004, pero salió a la calle en segundo grado con una pulsera telemática en dos meses, por razones humanitarias, pues padecía un cáncer que le causó la muerte a finales de 2009. Prado recibió de Javier de la Rosa, administrador del grupo kuwaití KIO, al que este financiero catalán desangró a principios de los noventa, varios millones de dólares. Manuel Prado y Colón de Carvajal amigo íntimo y administrador del patrimonio privado del Rey de España.

El símbolo de la corrupción

Si De Juana es el símbolo del terrorismo en el Estado, Roldán lo es de la corrupción. El político que robó su dinero a los huérfanos de la Guardia Civil cumplía condena aislado en la cárcel de Brieva, de donde comenzó a salir en abril de 2005 para trabajar, aun manteniendo el segundo grado. Hoy disfruta de la libertad plena tras cumplir la mitad de su condena y finalmente no ha tirado de la manta.