madrid/bilbao. A pocos dirigentes políticos pilló por sorpresa la noticia adelantada ayer por DEIA. La remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos que la organización armada envió durante el pasado mes de julio solicitando el impuesto revolucionario siembra más las dudas sobre los verdaderos planes de ETA. Un sentimiento que compartieron los políticos con los que contactó este periódico y con los que valoraron en otros medios el acoso a la clase empresarial practicado por la banda. Un camino que choca con la invitación a una salida negociada que anunciaron los tres encapuchados en el vídeo emitido el pasado domingo por la BBC.
En Madrid, y más concretamente en el Congreso de los Diputados, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a las cartas de extorsión a empresarios vascos. "Esto pone de manifiesto que tenemos que estar más vigilantes que nunca, que no se puede bajar la guardia y que todos, muy especialmente el Gobierno de Zapatero y el Ministerio del Interior, tienen que ser muy conscientes de que no se puede bajar ni un ápice de firmeza y rigor en la lucha antiterrorista", aseguró la popular a este periódico. Preguntada por si desde el Partido Popular tenían constancia de la existencia de estas misivas, Sáenz de Santamaría fue tajante. "Estábamos pendientes, pero esto ha venido a confirmarlo", enfatizó.
La portavoz popular hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa que ofreció al término de la habitual Junta de Portavoces de los martes. Lo propio hizo el portavoz del Partido Socialista en la Cámara baja, José Antonio Alonso, que, tras comparecer ante la prensa, advirtió de que la credibilidad que tiene la organización armada "es cero, literalmente cero". "No tiene ninguna credibilidad y es perfectamente capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento, no lo olvidemos", declaró a DEIA, refiriéndose a las cartas en las que la banda reclama el denominado impuesto revolucionario a varios empresarios de la CAV: "Por consiguiente, hay que seguir luchando con todos los instrumentos del Estado, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, indudablemente incluyendo la Ertzaintza, y con toda la eficacia del sistema judicial, el sistema penitenciario y con la colaboración con Francia y con otros países".
De esta manera, Alonso apuntaló las consideraciones del titular español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que anunciaba en la víspera que no se iba a modificar la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. El portavoz socialista mostró todo su apoyo a los empresarios vascos, "a los que la banda terrorista trata de seguir chantajeando". "Contra ETA hay que seguir luchando hasta ver su eliminación y desaparición total de la escena social y política del País Vasco y del Estado", aseveró.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, hizo un llamamiento a la izquierda ilegalizada: "El mundo abertzale radical tiene que aclararse de una vez. Tiene que aclararse en relación a la violencia y condenar la violencia, todo tipo de violencia. Y, por otra parte, tiene que emplazar a la organización terrorista ETA a que haga lo propio". Para Llamazares, "lo que no puede ser es anunciar que no hay acciones ofensivas y, al mismo tiempo, mantener la presión sobre el empresariado vasco" o sobre la ciudadanía. "Tienen que aclararse cuanto antes, porque sólo así darán credibilidad a estos movimientos que se están produciendo y que yo espero que terminen de manera feliz. Pero que, en todo caso, tienen que ser movimientos claros", concluyó el dirigente de IU a este periódico.
valoraciones desde la cav Igual de cauteloso que los representantes en Madrid, el presidente del EBB denunció en los micrófonos de RNE que se siguen recibiendo misivas reclamando el impuesto revolucionario y vertiendo amenazas. Hechos que para Iñigo Urkullu no pueden llevar al engaño tras el comunicado de ETA. "Hay cartas de extorsión, hay amenazas, hay signos de intranquilidad que hemos vivido este mismo agosto por lo que se ha podido percibir de violencia callejera. Con lo cual, podemos estar también sometidos a un ejercicio de chantaje de las palabras, de lo que pueda ser una especie de tregua, alto el fuego, que ni siquiera se cita de esta manera", advirtió el dirigente jeltzale.
Entre los populares vascos, Leopoldo Barreda mostró a este periódico el mismo sentir que expresó en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría. "ETA nunca ha renunciado a su continuidad y, por tanto, nunca ha renunciado a su financiación y a conseguir de forma ilegítima dinero. De la misma manera que nunca han dado pasos a su disolución, y los anuncios de tregua han sido anuncios propagandísticos destinados a ganar tiempo para reorganizarse", denunció Barreda. Por su parte, el coordinador de la presidencia de EB, Serafín Llamas, señaló que la banda no será creíble hasta que cesen "todas sus expresiones de chantaje".
