vitoria. La solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso Miñano, la presunta trama de corrupción en torno al parque tecnológico alavés, se registrará el próximo martes a petición de PSE y PP en la Mesa del Parlamento Vasco, que la someterá a la votación del Pleno. El órgano máximo de decisión de la Cámara, sin embargo, no mantendrá su primera reunión del curso hasta el 30 de septiembre, lo que retrasará la puesta en marcha de una comisión que encabezaba las agendas para el inicio del curso de los grupos parlamentarios socialista y popular.

Ambas formaciones trabajan esta semana para cerrar un texto común que pida la constitución de la comisión, buscar el apoyo al mismo del resto de formaciones de la Cámara y registrarlo para que la Mesa pueda darle salida en su reunión del próximo martes.

Sin embargo, y aunque la idea era registrar el documento hoy o mañana, ayer aún no había acuerdo entre PP y PSE, y el PNV, clave en la cuestión por ser el partido afectado por la presunta trama de corrupción, no había sido sondeado por los promotores de la comisión.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio insistía a DNA, en todo caso, en que se pretende constituir la comisión con el máximo respaldo posible, y en ese sentido recordó que tanto UPyD como Eusko Alkartasuna ya han mostrado su predisposición a apoyar una propuesta en ese sentido.

Por su parte, fuentes del PNV en la Cámara explicaban ayer que hasta que no reciban una propuesta concreta no decidirán si apoyan o no la constitución de la comisión. Los jeltzales recordaron el precedente de la investigación en el Parlamento sobre el caso Margüello, las presuntas irregularidades en el Departamento de Sanidad en la anterior legislatura, que a su juicio ha sido utilizada políticamente, lo que les llevó a presentar un texto alternativo.

Ramificaciones En esta ocasión, PP y PSE pretenden depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de un caso de presuntas irregularidades en la concesión de terrenos en el parque tecnológico de Miñano por parte de sus rectores. El caso estalló en marzo, con la detención, entre otros, del diputado alavés de Administración Local, Alfredo de Miguel. Meses más tarde se descubría una ramificación del caso, la del espionaje en el seno del Departamento de Industria, y la implicación de antiguos dirigentes del Departamento de Cultura en las presuntas irregularidades.

El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la capital alavesa, Roberto Ramos, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Josu Izaguirre, investigan las responsabilidades penales que se puedan derivar de un caso que a día de hoy sigue sujeto a secreto de sumario.