j.g.lurgain
donostia. La manifestación que todos los años es convocada al comienzo de las fiestas de la Semana Grande donostiarra, en esta última ocasión por un grupo de ciudadanos, aunque tradicionalmente la izquierda abertzale ha sido la promotora de la movilización, se celebrará hoy a partir de las 17.30 horas, tras autorizarla el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. La única condición impuesta por el Departamento vasco de Interior ha sido que en lugar de que la marcha concluya en el Boulevard lo haga en la plaza Okendo -a una distancia aproximada de 200 metros respecto al punto original- "para garantizar que no se interfiera en los actos festivos que dan comienzo a la Aste Nagusia".
Desde que el Tribunal Supremo ilegalizó la primera sigla de la izquierda abertzale en 2003, se ha prohibido en dos ocasiones esta manifestación (2005 y 2009). Si bien el año pasado tal prohibición se saldó con dos detenidos y varias cargas policiales, en 2008 la marcha, que fue permitida, recorrió las calles de Donostia con absoluta normalidad y cumpliendo las restricciones impuestas.
Según explicó el Ejecutivo vasco en un comunicado, los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron ayer no prohibir la manifestación, tal y como solicitaron la Fiscalía y la asociación Dignidad y Justicia, al no haber observado "ningún motivo" para restringir la autorización.
Concretamente, el fiscal y la citada asociación alegaron que se trataba de una convocatoria "encubierta", ya que varios de sus convocantes han estado vinculados a la izquierda abertzale. En este sentido, el juez Andreu sentencia que "con la sola aportación de esos datos -en alusión a las "pasadas adscripciones" de los convocantes-, no es posible la limitación de derechos que se pretende", ya que "no puede inferirse la existencia de un ilícito penal". El magistrado ordena, eso sí, que la Ertzaintza realice "el pertinente control y seguimiento" de la manifestación para evitar que se enaltezca "a grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales".
El popular Leopoldo Barreda dijo acatar la decisión judicial y exigió "medidas" contra quienes "jaleen a ETA", mientras que el parlamentario del PSE Óscar Rodríguez afirmó aceptar la decisión porque "vivimos en un Estado democrático donde hay libertad de expresión".
