Vitoria. La Ertzaintza tiene intención de agotar el plazo máximo de cinco días de detención que establece la Ley Antiterrorista antes de enviar a la Audiencia Nacional a Gurutz Agirresarobe Pagola, considerado el autor material de la muerte del ex jefe de la Policía Municipal de Andoain Joseba Pagazaurtundua, y a Aitziber Ezkerra Segurajauregi, como presunta colaboradora del asesinato, según informaron ayer fuentes de la investigación.

Agirresarobe y Ezkerra, detenidos en la madrugada del martes en Hernani, permanecen en dependencias policiales, donde están siendo interrogados. Los investigadores de la Ertzaintza tratan de esclarecer si ambos estarían también implicados en el atentado que costó la vida en 2001 al presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, quien fue asesinado con la misma pistola que mató a Pagazaurtundua.

Los dos arrestados formaban parte, en función de los datos aportados tras su detención por el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, de "un comando legal vinculados al complejo Donosti" y eran "terroristas durmientes" que en los últimos tiempos estaban "a la espera de recibir órdenes de la banda armada".

En la operación, la Policía vasca registró los dos domicilios de los detenidos, así como varios locales de la zona, y se incautó de diverso material informático y otro tipo de documentación que ahora está investigando. El operativo de la Ertzaintza se mantiene abierto y no se descartan nuevas detenciones.

"cobijo vergonzoso" A raíz de lo que ha sucedido desde que se produjo esta operación policial, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, censuró ayer el apoyo que brindó la alcaldesa de Hernani, Maite Betialarrangoitia, a los familiares y amigos de los detenidos, a quienes respaldó en el acto que el miércoles celebraron en salón de Plenos del Ayuntamiento. A su juicio, esto "confirma" que los representantes de la información ilegalizada no pueden mantener sus puestos, ya que siguen tomando decisiones "vergonzosas" como ésta que, a su juicio, demuestran que es necesario "volver a estudiar las fórmulas que permitan expulsar a ANV de los ayuntamientos" para que no se dé "voz y cobijo" a los presuntos activistas de ETA.

"rentabilidad mediática" Por su parte, el secretario general de EA, Pello Urizar, censuró que el Departamento de Interior haya intentado "sacar rentabilidad mediática" de "cada movimiento". "Si no, no se puede entender que en el momento de las detenciones aquello estuviera plagado de cámaras", explicó, antes de reiterar que EA siempre ha condenado todo acto violento.