barcelona. El nuevo Estatut se ha desarrollado en un 75% desde su creación en el año 2006 en lo que depende del Parlamento catalán, pero ha habido pocos avances en la parte que corresponde a las Cortes, más allá de una cuestión de calado como es la nueva financiación autonómica.
Según cálculos realizados por el gobierno catalán, desde la entrada en vigor del Estatut, en agosto de 2006, el Parlament ha aprobado 48 leyes, una parte de las cuales puede verse condicionada por el fallo que desencalló ayer la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, en la que aprobaron la sentencia del estatut declarando catorce artículos inconstitucionales.
Entre el casi medio centenar de leyes aprobadas por el Parlamento catalán en cumplimiento del Estatut, hay algunas tan importantes como la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.
La nueva ley del Síndic de Greuges, criticada por el Defensor del Pueblo porque entiende que limita su influencia en Cataluña, o bien la de creación del Consejo de Garantías Estatutarias son otras normativas surgidas del Parlament.
nuevas leyes La ley de consultas populares por vía de referéndum, la de fosas comunes o la del derecho a la vivienda en Cataluña, que prevé el alquiler forzoso de pisos desocupados, son otros de los frutos del Estatut en Cataluña.
Y lo mismo sucede con la ley de creación de la Oficina Antifraude, con la de creación de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo o con la ley catalana de acogida de inmigrantes, otras normativas aprobadas en Cataluña en cumplimiento de esta ley orgánica.
Además de todas estas, una quincena de proyectos de ley esperan salir adelante en el Parlament antes de que acabe la legislatura, entre ellos el del cine o el de veguerías, que altera la organización territorial actual de Cataluña en provincias.
Respecto a la parte estatal, la financiación es el punto más importante del Estatut que está en vigor, ya que Gobierno y Generalitat pactaron en julio de 2009 el nuevo sistema, que sitúa por primera vez a Cataluña por encima de la media española.
El Estatut ha permitido incrementar los tributos cedidos a Cataluña al pasar a gestionar el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales, aunque está pendiente conformarse un consorcio entre la agencia tributaria española y la catalana.
También está en vigor la polémica disposición adicional tercera, que compromete al Estado a invertir en Cataluña durante siete años en proporción a su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, que debía comportar, antes de los recortes por la crisis, más de 30.000 millones de euros hasta 2013.
El traspaso del servicio de Cercanías de Renfe o la inspección de trabajo también han surgido de la negociación entre Generalitat y Gobierno en los últimos años.
El Govern, a pesar de que Cataluña sigue siendo la única comunidad que no ha sido capaz de aprobar una ley electoral propia, entiende que ha desarrollado con eficiencia su parte del Estatut, pero se queja de la lentitud del Gobierno en aplicar su parte.
La descentralización del Consejo General del Poder Judicial, que requiere de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la participación de la Generalitat en organismos estatales son dos de las muchos aspectos que aún perduran encallados.
resistencia del cgpj Y es que el Estatut prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la "última instancia jurisdiccional", así como la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, unas pretensiones que topan con las resistencias del Consejo del Poder Judicial español, y que se cree pueda seguir perdurando.
Tampoco se ha aplicado la previsión del Estatut por la cual la Generalitat designará o participará en el nombramiento de miembros del Banco de España y de las comisiones del Mercado de Valores y de Telecomunicaciones.
Lo mismo ocurre con otras instituciones de gran importancia como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el de Radio y Televisión, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia Española de Protección de Datos.
