madrid. La propuesta de reforma el Estatuto de Castilla La Mancha, cuya tramitación se acordó ayer retirar formalmente de las Cortes Generales, se convierte en el segundo texto de estas características, tras el de Canarias, que se devolverá a su parlamento regional una vez iniciado hace ahora cuatro años el proceso de reformas estatutarias en el conjunto del Estado. En este caso, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos en materia de reparto de agua ha sido la razón de la zozobra del texto. Los socialistas manchegos aspiran a reconocer como un "derecho" de esa comunidad una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos al año mientras los populares aspiran a rebajar esa exigencia a una mera declaración de intenciones. En el fondo de esta polémica se encuentran los intereses partidistas tanto de Ferraz como de Génova: los socialistas exigen asegurar el suministro de agua a una comunidad que ellos gobiernan; los populares quieren limitarlo para favorecer a Murcia y a la Comunidad Valenciana, territorios donde ellos mandan.
Tres años después de que fuera aprobada en las Cortes manchegas, este mismo órgano legislativo decidió ayer retirar la propuesta de reforma estatutaria del Congreso de los Diputados ante la negativa de socialistas y populares a pactar una solución.
Y es ahora, a partir de ahí, cuando comienza la pelea por sacar tajada política de este fracaso. Quien abrió ayer el fuego fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien aseguró que el presidente de Castilla La Mancha es "un político fracasado" por retirar el Estatuto de Autonomía de su comunidad cuando "aún se podía negociar" en el Congreso. Por eso, dijo que Barreda debería asumir su responsabilidad política.
