Logroño/Vitoria. El oasis vasco tiene límites. Se cumple un año del acuerdo entre populares y socialistas que propició la llegada de los segundos a Ajuria Enea y algo más desde que el PP vasco inició un cierto viraje hacia perfiles más moderados, de la mano de Antonio Basagoiti, incluso con guiños vasquistas en los últimos tiempos. Pero el PP vasco encuentra poca o nula comprensión hacia su estrategia en Euskadi en los despachos de Génova. Por tercera vez, la dirección nacional del partido ha desairado a los populares vascos desacreditando su compromiso con el Concierto Económico o, más concretamente, con su blindaje; daño especialmente grave para un partido que acoge a reconocidos defensores de la foralidad.
Los diputados vascos del PP han pasado en tres ocasiones por el mal trago de verse solos en sus respectivos grupos de Congreso y Senado: la primera vez se ausentaron de la votación, las otras dos veces tuvieron que votar en contra. Ayer, fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, el que puso rostro al eclipse que la figura de Basagoiti parece vivir en Génova, respaldando el recurso que poco antes había interpuesto el presidente del Gobierno de La Rioja, el popular Pedro Sanz, ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma legal que impide que las normas fiscales forales sean recurridas ante los tribunales ordinarios.
Sanz, pidió ayer al Constitucional que "dé tramitación preferente" al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2010 "por el extraordinario perjuicio que produce a La Rioja al eliminar todos los cauces de impugnación de las normas forales de carácter fiscal con una reforma totalmente arbitraria".
El presidente del Ejecutivo riojano, que entregó personalmente en el Tribunal Constitucional el recurso -secundado por representantes territoriales de CCOO y UGT, así como de la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio-, recordó que su Gobierno solicita la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la citada Ley porque "el blindaje supone, en la práctica, la vulneración de principios constitucionales como la igualdad, los derechos de libertad de circulación, residencia y empresa, la unidad de mercado y la solidaridad y autonomía financiera".
Pedro Sanz reiteró que el recurso del Ejecutivo riojano "no va, en ningún caso, contra el Concierto Económico Vasco, recogido en la Constitución española y que respetamos, sino contra el abuso que las diputaciones puedan ejercer, y de hecho ejercen, en la aplicación del mismo". Además, subrayó que el recurso es "contra un cambio de nuestra Constitución por la puerta de atrás y sin necesidad, porque llevamos más de 30 años conviviendo con el Concierto y se ha planteado su blindaje cuando La Rioja ha ganado numerosos recursos en los tribunales ordinarios contra el abuso en su aplicación".
Distinta opinión mantiene, al parecer, la presidenta del Parlamento Vasco, la también popular Arantza Quiroga, que ayer pasaba el mal trago en una comparecencia pública al ser publicada al respecto, afirmando que al PP vasco "le apena" la decisión del presidente riojano. "No ha habido manera de convencerles. Se han hecho todas las gestiones que han sido posibles y a nosotros nos apena. Espero que los riojanos, con este nuevo Gobierno Vasco y una buena utilización del Concierto Económico, deje de haber reticencias con el Concierto y seamos capaces de convencerles de que no es un privilegio de los vascos", aseveró.
Pero Pedro Sanz aprovechó también para cargar contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien reprochó que cediera al "chantaje del PNV y haya sido capaz de vender La Rioja por un puñado de votos para poder aprobar los Presupuestos del Estado" con el único fin de mantenerse en el poder. A su juicio, esta forma de actuar del Presidente del Gobierno de España demuestra una vez más "que no tiene principios ni palabra" porque, según explicó, en 2006 y en respuesta a una carta que él mismo le envío para que se opusiera a una proposición de ley del PNV para blindar el Concierto, Rodríguez Zapatero expresó "la firme oposición del Gobierno de España a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia".
