Vitoria. El Gobierno Vasco se reunirá en los próximos días con una delegación del PNV para intentar desbrozar el pedregoso camino que contempla el reformulado Plan de Educación para la Paz, un anuncio que ratifica la intención socialista de sumar el apoyo del primer partido de la oposición -ya tiene el de PP y UPyD-, para lo que ha ampliado hasta el 7 de mayo el plazo de alegaciones.
Pero sea cual sea el resultado de este encuentro, el Gabinete López mantiene intacta su decisión de que el plan de paz en las aulas eche andar el próximo curso; es decir, a partir de septiembre. Y para que esta premisa se cumpla, fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron ayer que si los nuevos contactos con la bancada jeltzale resultan infructuosos no dudarán en aprobar el plan en el Consejo de Gobierno -sin especificar la fecha en la que lo harán- y derivarlo al Parlamento Vasco para completar los trámites previos a su ejecución. El aviso a navegantes trasciende el ámbito político, ya que una negativa mayoritaria de la comunidad educativa tampoco hará temblar el pulso a los gobernantes autonómicos, según apuntaron estas mismas fuentes.
Mientras, el PNV insiste en la necesidad de mantener el "carácter" integral que echan de menos en el documento reformulado sobre el plan que elaboró el Gabinete Ibarretxe, diferencias que, según apuntó ayer el portavoz parlamentario Joseba Egibar, dificultan enormemente que 15 días sean suficientes para aunar posturas.
Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que el escenario educativo ha variado desde que se elabora el plan vigente, de forma que aspectos incluidos en el mismo pasarán ahora a engrosar la novedosa asignatura Educación para la Ciudadanía -publicada esta misma semana en el BOPV-, donde también se pretende integrar el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia. Pero además de este mensaje aclaratorio con el que persiguen evitar "duplicidades" en la enseñanza, estas mismas fuentes marcan distancias al sentenciar que "los planes de otros gobiernos son planes de otros gobiernos y se acaban con la entrada de nuevos gobiernos".
Lakua ciñe las diferencias con el enunciado vigente en la "focalización" del mismo, lo que traducen en su intento por dar respuesta a un problema específico como es el terrorismo sin que se "difumine o exista una pérdida de perspectiva", y acabar con sectores que justifican la violencia terrorista.
En este camino, el Gobierno Vasco reivindica el papel de la víctima -y su testimonio directo en las aulas- como "elemento de pluralidad", a lo que añade una petición de "no neutralidad" a la ciudadanía en general y al personal docente en particular frente al terrorismo. "No vamos a exigir a los profesores que se adhieran a la identidad española, pero sí que no sean neutrales ante este tipo de violencia", apuntan.
Con estos mimbres y a la espera de conocer si el Gobierno Vasco consigue el consenso del resto de la clase política -Aralar, EA y EB tampoco lo comparten- y el ámbito educativo, los preparativos para la puesta en marcha del plan ya empiezan a tomar forma. Los alumnos que recibirán esta información corresponderán a los tres primeros cursos de la ESO, aunque el material didáctico no se repartirá de forma generalizada en todos los centros vascos, sino que esta fase estará precedida de un proyecto piloto que germine su implantación progresiva.
autonomía de los centros Una de las dudas por aclarar es conocer la autonomía que tendrán los centros a la hora de impartir esta materia, sobre todo en lo que respecta a la cuestión que más polvareda ha levantado como es la presencia de las víctimas en las aulas. Los socialistas avalan que los damnificados por el terrorismo que narren su experiencia no se limiten a los atacados por ETA, sino que compartan esta experiencia con víctimas de la extrema derecha y el GAL. No obstante, matizan que la banda armada vasca es la única que sigue vigente y plantean que se respete también la proporcionalidad de los atentados perpetrados por esta organización.
Bajo este marco, todo apunta a que será la Dirección de Víctimas la que "sugerirá" a los centros un grupo de voluntarios para prestar su testimonio en las aulas, aunque desde el Gobierno reiteran la flexibilidad en este punto, así como que la última decisión recaerá en el propio centro.
PNV y EA coinciden en las críticas al Gobierno por la falta de contactos con la comunidad educativa, una de las patas sin las que el plan nacería cojo. Los jeltzales, además, aseguran que el PP "está apretando" en una dirección que aleja el consenso con los demás grupos. El presidente de los aludidos, Antonio Basagoiti, por su parte, coincidió ayer con las previsiones del Gobierno y mostró su total convicción de que el plan se va a hacer aunque el PNV no brinde su apoyo.
