madrid. La petición del presidente de la Generalitat, José Montilla, y de la mayoría de partidos catalanes de proceder de forma inmediata a la renovación pendiente del Tribunal Constitucional (TC) tras mantener su desacuerdo sobre el Estatut, no tiene visos de prosperar por las posiciones que mantienen PSOE y PP. Tanto los socialistas como los populares coinciden en la necesidad de que se releve a los cuatro magistrados que han concluido su mandato, pero se reprochan mutuamente la responsabilidad de que eso no haya sido posible hasta ahora. Aseguran que se harán todos los esfuerzos posibles para que se retomen las negociaciones enquistadas desde hace meses, pero al mismo tiempo reconocen las dificultades existentes y no auguran que a corto plazo pueda haber un vuelco en las posiciones.

En el PSOE se afirma que se tanteará la disposición del PP a retomar las conversaciones, pero dudan de que la respuesta que dé el partido liderado por Mariano Rajoy facilite las cosas. Además, se advierte de que en un momento como el actual, justo después de que se haya fracasado en el nuevo intento de sentencia y se haya encargado a otro magistrado la ponencia correspondiente, "hay que ser muy cuidadosos para no actuar de forma que se interprete que se está interfiriendo en la labor de Tribunal Constitucional". Máxime cuando el encargado de esa nueva ponencia es su vicepresidente, el conservador Guillermo Jiménez, y, precisamente, él es uno de los cuatro magistrados a los que hay que renovar porque en diciembre de 2007 concluyó su mandato.

Por su parte, las fuentes del Partido Popular apuestan por afrontar la situación "con tranquilidad y sin precipitarse". Si hasta ahora no ha sido posible el relevo de los magistrados, no creen que las "presiones" de Montilla, de la mayoría de los partidos catalanes y de determinados medios de comunicación vayan a variar la situación.

No hay rechazo a hablar de ello con los socialistas, pero reconocen que el clima político existente en la actualidad "no contribuye a un acuerdo" y defienden que no haya actuaciones que "atosiguen" y que se deje trabajar al TC en su nuevo borrador. Aunque en las declaraciones públicas de sus dirigentes pueda expresarse la confianza en que haya sentencia antes de las elecciones catalanas, tanto el PSOE como el PP trabajan con la idea de que no verá la luz hasta después de esos comicios.