MADRID. El Tribunal Supremo ha acordado suspender el procedimiento que debe establecer a quién corresponde la competencia en la apertura de las fosas del franquismo hasta que no se resuelva la causa que tramita contra el juez Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar, precisamente, las desapariciones tras la Guerra Civil.

En una providencia hecha pública ayer, la Sala Segunda del alto tribunal responde así a la cuestión de competencia planteada por el propio Garzón después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada rechazaran hacerse cargo de este asunto. Ambos órganos hicieron pública su negativa tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se había inhibido en sus investigaciones atribuyendo a los juzgados territoriales la competencia sobre la apertura de las fosas que se encontraran en su demarcación.

Ahora, el alto tribunal alega que dado que el objeto de este asunto está "directamente relacionado con los hechos que se instruyen" en la causa sobre las investigaciones de Garzón sobre el franquismo, "procede suspender" el curso del procedimiento. Eso sí, el Alto Tribunal aclara que "todo ello sin perjuicio de que durante el tiempo en el que se prolongue la suspensión, los interesados puedan ejercitar los derechos" derivados de la Ley de Memoria Histórica, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia en la Guerra Civil y la dictadura".

Antes de ser acusado por prevaricar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma, para que fuesen ellos quienes decidieran sobre la apertura de sus respectivas fosas. Hizo lo mismo en favor de los juzgados de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León).

El caso que mejor resume lo sucedido en este contencioso es el de la fosa de Granada donde se suponía que estaba enterrado Federico García Lorca. Al ser traspasada la competencia por Garzón, el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, cuya titular es Aurora María Fernández García, no se vio competente para dictaminar la exhumación de la fosa al enmarcarse dentro de lo que puede considerarse como "crímenes contra la humanidad", por lo que devolvió la causa a la Audiencia Nacional. La demanda quedó en un limbo que es el que ahora ha de resolver el Supremo.