buenos aires. Un tribunal de la ciudad argentina de Rosario condenó ayer a prisión perpetua a tres ex militares y dos civiles por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe (centro del país), según informaron fuentes judiciales. El ex comisario de la Policía bonaerense Edgardo Antonio Mastrandrea ha sido detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, que lo acusa de haber perpetrado secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura militar (1976-1983).

También han sido capturados el ex coronel del Ejército Ángel José Gómez Pola; los comisarios Junín Abel Oscar Bracken y Julio Ángel Esterlich, y el médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, que está imputado de haber monitorizado el estado de salud de las víctimas en las sesiones de torturas.

Todos ellos serán trasladados a una cárcel común, de acuerdo con la sentencia del tribunal. En el proceso oral y público que concluyó con este fallo se ventilaron delitos cometidos contra 28 víctimas, entre 1977 y 1978, en los centros clandestinos de detención conocidos como "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco", "La intermedia" y "La Calamita". La última dictadura que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983 dejó unos 30.000 desaparecidos en el país.

violación de derechos Cabe recordar que el pasado mes de marzo un juez de Argentina pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enviara la información que recogió en la visita a este país en 1979, cuando arreciaban las denuncias por delitos de represión contra la dictadura argentina, señala hoy la prensa local. La solicitud fue hecha por el juez federal Sergio Torres, quien investiga una de las "megacausas" reabiertas en el país tras la derogación parlamentaria de las denominadas "leyes del perdón" a represores, en 2003. Torres está a cargo del expediente que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, la principal cárcel clandestina del Gobierno de facto (1976-1983). Buena parte de lo solicitado por el juez está en la página web de la CIDH, pero Torres necesita copias certificadas de esos documentos y otros que se puedan añadir a la causa.