GASTEIZ. El traspaso de las políticas activas de empleo a Euskadi ha dividido hoy a los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, que no han logrado llegar a un consenso, por lo que ninguna de las iniciativas planteadas ha salido adelante.
Estaba previsto que esta competencia fuera transferida a Euskadi antes del 1 de enero de 2010, según acordaron el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y el lehendakari, Patxi López, pero esta promesa se retrasó tras un acuerdo entre el PNV y el PSOE en el Congreso de los Diputados, en el marco de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado.
El PP, el grupo que ha llevado hoy este debate al pleno de la Cámara vasca, ha pedido el traspaso de las políticas activas en dos meses a partir de hoy, mientras que el PSE-EE no ha puesto fecha y ha solicitado que se transfiera en el plazo más breve posible.
PNV, Aralar y EA han transaccionado una enmienda reclamando que la competencia incluya, además de las políticas activas de empleo y formación, las subvenciones y bonificaciones a la creación de empleo y la formación ocupacional y continua. También han solicitado la competencia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
EB ha apoyado varios puntos de la enmienda de los partidos nacionalistas, como la relativa a la gestión de la Seguridad Social, y UPyD ha pedido que se continúe negociando con el Gobierno el traspaso "evitando intromisiones que condicionen calendarios o competencias a transferir".
Finalmente, en la votación, todas las iniciativas presentadas han sido rechazadas, por lo que no ha habido un pronunciamiento de la Cámara sobre este asunto.
En el debate, Esther Martínez (PP) ha echado la culpa a los anteriores gobiernos vascos nacionalistas del retraso de la transferencia por estar "más atentos siempre a buscar la diferencia que a defender el interés general de los vascos".
Martínez también ha criticado al Gobierno central por pactar con el PNV un "veto" para retrasar la llegada de esta competencia y a Patxi López por aceptar "esta irresponsabilidad".
Bixen Itxaso (PSE-EE) ha acusado al PNV de poner trabas en la valoración económica de la transferencia al reclamar 180 millones de euros más de la cantidad que estiman los socialistas, ha acusado a los nacionalistas de anteponer sus intereses personales a los de los ciudadanos vascos y también ha dicho que sería "una temeridad" plantear el plazo de dos meses que proponía el PP para la consecución de la transferencia.
Ricardo Gatxagaetxebarria (PNV) ha reclamado una transferencia "con contenido y con sentido" que incluya la formación ocupacional y continua, y las subvenciones y bonificaciones a la creación de empleo, "utilizando para el cálculo de la misma la metodología del Concierto Económico".
Mikel Arana (EB) ha defendido que el traspaso se realice en las "debidas condiciones" y ha rechazado los "acuerdos extraños" del PNV y PSOE en torno a este asunto.
Jesús Mari Larrazabal (EA) ha pedido la transferencia "inmediata" de todas las políticas de empleo "pasivas y activas" y Gorka Maneiro (UPyD) ha arremetido contra el PNV por propiciar el retraso de la competencia por sus "propios intereses".
