Lakua defiende que su reforma del Plan para la Paz aún no es más que un borrador

Ayer fue el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien se tuvo que afanar en esta tarea. Y lo hizo recordando que, por mucho que se esté "especulando" desde que se anunció la voluntad del Gobierno -con el apoyo de PP y UPyD- de reformar el texto pactado la pasada legislatura entre todos los partidos salvo EHAK, el borrador que ahora presenta el Ejecutivo es sólo eso; un primer borrador que adelanta los contenidos propuestos, pero que en ningún caso presenta "ninguna iniciativa aprobada" ni definitiva.

Desde los micrófonos de RNE, el propio lehendakari se sumó a la defensa de su iniciativa minimizando la brecha que puede causar la división de opiniones que amenaza con expresar la Cámara, y confiando en que podrá pactar su reforma con otros grupos del Parlamento Vasco ya que, en su opinión, acometerla es algo necesario para que los jóvenes sepan "que en Euskadi se pueden defender todas las ideas y que hay víctimas" que han sufrido por defender "precisamente eso", y también para que a nadie "se le inculquen ideas" que le hagan ser terrorista.

Sin embargo ayer se volvió a ver que lograr ese ansiado alto grado de consenso dependerá de la capacidad que muestre el Gobierno para aceptar aportaciones externas.

"Este plan no saldrá adelante ni en estos términos, ni sin el consenso de la comunidad educativa". Así de rotunda se mostró ayer la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro durante la presentación de sus alegaciones a esta reforma, que llegó a calificar de "burla" al conjunto de la sociedad por su inconcreción formal, su "intencionalidad política".

Para Aralar, lo que pretende el Gabinete López no es elaborar un plan de educación, sino dejar a un lado los objetivos pedagógicos para primar sus propios "objetivos políticos" y adoctrinar a los jóvenes vascos adaptando su educación a los planteamientos que comparten socialistas y populares.

Asimismo, la portavoz abertzale denunció que se exija al estamento educativo la realización de "una labor política", que se utilice la escuela para "lograr objetivos políticos" y que se esté "atacando" a los profesores sobre cuyo respeto de los derechos humanos, dijo, se ha arrojado "la sombra de la duda" sin contar para hacerlo con un solo dato objetivo.

El reto y la fragilidad Por todo esto, Ezenarro aseguró que esta reforma está teñida de "una intencionalidad política muy clara" con la que sus impulsores podrían terminar rompiendo el "espacio de consenso que existe en relación a las víctimas". Y ante este riesgo, aseguró que "lo que tenemos que hacer es parar entre todos" esta reformulación, y volvió a reclamar al Ejecutivo que la retire para abrir un nuevo tiempo de discusión entre todos los grupos políticos en el Parlamento en el que también participen la comunidad educativa y las organizaciones que trabajan la educación para la paz y los derechos humanos.

Precisamente hoy, los más directamente afectados por esta reforma (asociaciones de padres y madres y federaciones de centros escolares) tienen una cita con el Consejo Escolar en la celebración de su 20º aniversario. La mayoría han confirmado a este diario que empiezan a tener conocimiento del borrador de la reforma a falta de apenas un par de días para que expire el plazo para realizar aportaciones, por lo que se verán obligadas a dejarlo expirar sin compartir su opinión con Lakua.

Así, sabedoras de que su opinión no era "preceptiva" en esta fase, se preparan para expresarla en el futuro, aunque casi todas lamentan que no se les haya tenido en cuenta en la elaboración de este borrador.