vitoria. Una de las principales novedades del documento presentado por Iñigo Urkullu el pasado 28 de febrero es la designación de un mediador externo que arbitre las conversaciones entre los partidos cuando el plan Ados! entre en una nueva fase política, posterior al debate social. Su tarea no sería sencilla, habida cuenta de que los horizontes competenciales y de relación con el Estado que manejan los partidos nacionalistas y los constitucionalistas son tan diferentes que constituyen la raíz del conflicto vasco, al margen de la distorsión que supone la persistencia del terrorismo.

La idea, en todo caso, es fomentar el consenso y salvar las enormes distancias que separan a las dos concepciones políticas existentes en el país utilizando una herramienta que hasta la fecha sólo se ha usado en Euskadi para dialogar con ETA. Pérez Esquivel, Uriarte o Brian Currin han ejercido de árbitros entre el Estado y la banda, con el aval de gobiernos y partidos, pero la traslación del modelo al ámbito estrictamente político no ha despertado las simpatías del Gobierno Vasco.

Su portavoz, Idoia Mendia, aseguró que las formaciones vascas son "adultas" y no necesitan de un referente externo para alcanzar acuerdos. La lectura favorable para los jeltzales del posicionamiento de Mendia es que, según la representante del Ejecutivo, los socialistas tienen capacidad suficiente para "hacer cocina", es decir, para negociar lejos de los focos mediáticos una reforma estatutaria que, en el caso del PNV, parte de asuntos tan espinosos para los constitucionalistas como el derecho a decidir o la libre adhesión de Navarra e Iparralde a un eventual acuerdo.

Eso sí, el PSE no cree que éste sea el momento apropiado para abordar la reforma del marco institucional. Los socialistas apuestan por desarrollar el Estatuto de Gernika, que treinta años después aún tiene pendientes de traspasar 36 materias.