madrid. La Fiscalía se opuso ayer a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sea suspendido de funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él, al entender que esta medida iría contra la "independencia e inamovilidad" necesarias para que un juez ejerza su labor.
Así lo expuso el Ministerio Público en el informe que le había sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la admisión a trámite por parte del Supremo de dos querellas contra el magistrado -el jueves se admitió una tercera- y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.
El Alto Tribunal investiga a Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde ayer, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del caso Gürtel que se encontraban en prisión y sus abogados.
La Fiscalía considera "contrario a la lógica jurídica" que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida "como de aplicación automática" a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio Supremo, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ "no es consecuencia de la admisión de la querella" y que esta medida sólo debe adoptarse si se considera que la continuidad del juez en su cargo "puede producir efectos contraproducentes".
La Fiscalía cita asimismo un acuerdo adoptado en 1998 por el CGPJ y concluye que "la admisión a trámite de una querella, aun cuando sea por presunto delito de prevaricación, no debe nunca suponer de forma automática la suspensión provisional de funciones" si no concurren otras circunstancias que "pongan en cuestión el modelo constitucional de Estado de Derecho".
El Ministerio Público vuelve a recurrir en este punto a resoluciones anteriores del CGPJ para concluir que éste viene aplicando la suspensión "en el momento en que se acuerda la apertura de juicio oral (...) o al dictar auto de procesamiento" -lo que aún no ha ocurrido con Garzón- y, en todo caso, siempre que el fiscal respalde la acusación.
Así ocurrió con el juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, suspendido después de que se admitiera la querella presentada contra él por una mujer que había visto retrasada durante dos años la tramitación de un expediente para adoptar a la hija de su compañera sentimental.
Por su parte, Garzón acudido ayer personalmente al Supremo para reclamar que le sea remitida la querella interpuesta contra él por un presunto delito de prevaricación por el abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel.
