Vitoria. La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer al juez Baltasar Garzón que reactive la investigación del supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA. En el auto redactado se solicita a Garzón que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración del jefe del equipo de investigación y otros dos agentes. Además, los magistrados también ordenan que Garzón pida a Francia "toda la documentación relativa al análisis de las llamadas de teléfono que se produjeron en la cabina telefónica desde la que llamó Joseba Elosua y a las observaciones telefónicas que se realizaron" al presunto miembro de ETA, José Antonio Cau Aldanur, enlace en Francia, para el cobro del impuesto revolucionario, tanto al teléfono fijo como al móvil. El tribunal estima que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y de "colaboración con banda armada", por lo que, "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España". A ello añade que "parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2004". De esta forma, el tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Luis Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López accede a practicar algunas de las diligencias que pidió la asociación Dignidad y Justicia personada junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la causa como acusación popular. El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, aseguró que su partido va a llegar "hasta el final" del caso Faisán ya que, según dijo, es "más grave incluso que el GAL". Eso sí, quiso destacar la labor de Garzón contra el terrorismo.
