Vitoria. El juez Garzón pasó ayer a la ofensiva contra el auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela le acusa abiertamente de prevaricación y ha movilizado en su defensa a los adalides de la Justicia universal, a los que ha llamado como testigos. Así, en el recurso que su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó contra ese auto, se pide a Varela que cite a declarar, entre otros, a la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte, al juez chileno Juan Guzmán (que en 1999 procesó a Pinochet) y al magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En la nómina de testigos propuestos por la defensa de Garzón para demostrar que no prevaricó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, figuran asimismo miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de Amnistía Internacional y catedráticos de Derecho Penal. Todos ellos, según informó la defensa del magistrado, le han mostrado ya su disposición a declarar en su favor en caso de ser llamados por el Tribunal Supremo.

En un escrito de 46 páginas, Martínez-Fresneda solicita a la Sala de lo Penal del Supremo, integrada por cinco magistrados, que ordene a Varela la práctica de nuevas diligencias de prueba en defensa de Garzón. Entre ellas, pide también la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.

Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.

Fiscalía En cuanto a la cuestión de la posible inhabilitación del juez si finalmente se abre un juicio contra él, la Fiscalía General del Estado adelantó ayer que no apoyará la suspensión cautelar mientras se tramitan los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra Grazón en el Tribunal Supremo (el del franquismo y el de sus cobros en Nueva York). El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, adelantó que el informe (no vinculante) solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defenderá que el magistrado no prevaricó en ninguno de los dos procesos abiertos. Conde-Pumpido, que recordó que el Ministerio Público no apoya ninguna acusación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, dijo que "el dictamen que se realice estará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido".