MADRID. El recurso que su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que dicho auto "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".

Además de pedir que se deje sin efecto el auto recurrido, el letrado solicita la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

Entre ellos destacan la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.

También solicita la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.

A estos se añade la petición para que declaren varios catedráticos penalistas, todos ellos como testigos, para aclarar la aplicación de las normas del Derecho Penal Internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad.

Solicita además que declaren representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, varios magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente sus decisiones, el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

En el recurso, Garzón argumenta que el auto de Varela se limita a una sucesión de calificativos "peyorativos" y no ofrece valoraciones jurídicas ni hechos que demuestren el delito de prevaricación del que se le acusa.

"El auto se ocupa en descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo. Pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador", indica Martínez-Fresneda, que califica la resolución de Varela de selectiva y parcial.

A su juicio, el magistrado del TS ofrece una visión "tan sesgada" de la instrucción "que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida" que le impide analizar con objetividad. Así, destaca que se olvidan "sistemáticamente" los hechos que no encajan en el marco punible diseñado, "se imaginan intenciones, se confunden fechas e incluso se imputa" a Garzón resoluciones que no firmó, por estar de baja.

Para Martínez-Fresneda son incomprensibles algunos silencios del auto, que no menciona la querella de Falange Española contra Garzón, omite las denuncias sobre la sustracción de menores en la Guerra Civil y no alude a la pretensión de las Asociaciones de Memoria Histórica de personarse en la causa, que fue rechazada.

"El silencio del auto sólo lo podemos entender como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en ese procedimiento odioso era irregular", señala el letrado.

Añade que "lo más escandaloso" es que la resolución del TS valore como indicio de prevaricación que Garzón solicitara un informe al fiscal "pese a albergar serias dudas sobre su competencia", frase que para el abogado es un manifiesto ejemplo del proceso de intenciones que "plagan" el auto de Varela.