BILBAO. El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Manuel Díaz de Rábago afirmó que el juicio del denominado 'caso Ibarretxe' todavía podría volver a Euskadi para ser juzgado por el TSJPV y recordó que él todavía sigue siendo presidente del Tribunal que debería enjuiciarlo.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Díaz de Rábago recordó que el Foro de Ermua, que ejerció la acusación popular en la causa, ha anunciado que recurrirá en amparo la sentencia del Tribunal Supremo, por la que archivó el proceso penal.
"He sido y formalmente soy todavía presidente del Tribunal que juzgó el denominado 'caso Ibarretxe' en el TSJPV, por circunstancias no queridas", recordó en alusión al hecho de que él llegara a presidir el tribunal al haber sido recusados los magistrados de la Sala Civil y Penal a los que correspondía juzgar la causa.
En esta línea, dijo que "este caso lo ha resuelto el Tribunal Supremo y, en principio, es una sentencia firme, pero que tiene la posibilidad de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".
De esta forma, destacó que el Foro de Ermua ha anunciado que presentará recurso de amparo por lo que "cabe la eventualidad de que el TC le ampare y haya que enjuiciar" el caso "que, finalmente, no se llegó a celebrar" en Euskadi.
Recordó que la vista oral se inició, pero "se quedó en las cuestiones preliminares". "Hay una circunstancia posible, muy eventual, de que tenga que volver a presidir ese juicio y no doy opiniones sobre este tema", señaló.
Esta fue la respuesta que ofreció Manuel Díaz de Rábago a la pregunta de si el presidente en funciones del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, había quedado desacreditado para repetir en el cargo a partir de la sentencia del Tribunal Supremo por la que archivaba la causa abierta contra el ex lehendakari, Juan José Ibarretxe, el actual presidente del Gobierno vasco, Patxi López, y el consejero del Interior, Rodolfo Ares, por reunirse con cinco miembros de Batasuna, entre ellos, Arnaldo Otegi.
En su opinión, quien "ha descalificado para ser presidentes del TSJPV" a los cuatro candidatos que se han presentado: Fernando Ruiz Pineiro, Jaime Tapia, María Victoria Cinto y él mismo, ha sido el CGPJ "cuando ha dejado desierta la plaza al resolver el segundo concurso". "No hay otro significado razonable y objetivo, con la Ley en la mano, de lo que significó que quedara vacante", dijo.
A su juicio, "formalmente", la decisión del Consejo al no elegir a ninguno de los cuatro candidatos en el segundo proceso de elección, "significaba que no nos consideraba idóneos para la función de la presidencia del TSJPV".
"UN CAMBIO DE CROMOS"
"Por tanto, a mí me parece que prestarse a una nueva elección, a un nuevo proceso selectivo, para que pueda llegarse a la conclusión de que sí había méritos suficientes en alguno de nosotros, es un uso desviado y perverso de lo que es el sistema como debe funcionar. Esto no debe estar sujeto a un 'cambio de cromos'", apuntó.
Para Díaz de Rábago abogó por el cambio en el sistema de elección, como que, si los candidatos no logran la mayoría necesaria, es decir, 13 votos, "automáticamente quede descartada la posibilidad de presentarse" de nuevo. "Eso facilitaría el evitar ese cambio de cromos y que se llegara a conseguir los votos necesarios en el primer proceso", apuntó.
Además, también planteó que se podría eliminar el requisito de 13 votos para salir elegido, aunque reconoció que se seguiría "en un juego, probablemente, de cambio de cromos".
Tras considerar que el CGPJ tiene "bastante perdido el crédito", apuntó, "con independencia de cómo esté designado el Consejo, una medida absolutamente útil para reducir la influencia del poder político en el funcionamiento del órgano de Gobierno de los jueces", sería que los nombramientos no estuvieran "sujetos a discrecionalidad, sino que estuviera reglada la forma de ser elegido".
"El momento culmen en el que se ha podido visualizar perfectamente ese control del poder político sobre el poder judicial y cómo se acepta eso, luego, también en nuestro ámbito, desgraciadamente, ha sido la elección del presidente actual del CGPJ porque el nombre del presidente fue el propuesto por quien no tiene ninguna facultad para ello, que es el presidente del Gobierno", señaló.
A su juicio, "el sistema tenía el germen de la perversión en esa forma de elección del Consejo", y en la práctica, "ha sido tan desastrosa y va tan cuesta abajo en el sentido de funcionamiento más alejado de lo que debe ser una independencia verdadera del órgano de gobierno del Poder Judicial, que "es necesario adoptar algún tipo de medidas que evite eso".
GARZÓN
Manuel Díaz de Rábago afirmó que el CGPJ ha adoptado "un acuerdo de trámite de oír al ministerio fiscal para ver si había que suspender" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y señaló que en la Ley Orgánica del Poder Judicial está previsto "cuándo debe suspenderse a un juez por iniciarse un procedimiento penal contra él". "Ese es un trámite formal", dijo.
En esta línea, manifestó que "la actuación de los jueces está establecida con arreglo a un procedimiento y en determinados supuestos para los que son competentes y siguiendo un procedimiento marcado".
Por ello, emplazó a "tener cierto cuidado en este tema" de caer en que, "como se están investigando los crímenes del franquismo que es algo que todos quisiéramos que se hubiera hecho y que es una cosa muy justa", eso "sana la actuación de un juez". "No la sana", aseveró.
Tras subrayar que, con ello, no quiere decir "que la actuación del juez Garzón, en este caso, se haya excedido de sus competencias". "No entro en eso porque eso lo tiene que decir el Tribunal Supremo, además, lo va a decir la Sala de lo Penal, para mayor garantía", añadió.
El magistrado consideró que no se puede "caer en la valoración de decir que, como lo que está persiguiendo es una cosa muy justa, eso justifica cualquier medida". "Pues no", dijo, para afirmar que los jueces juzgan "con arreglo a un criterio, con arreglo a lo que dice la Ley".
"Tenemos y debemos resolver con arreglo a eso y eso es muy bueno", apuntó, aunque recordó que hay ocasiones en que las leyes "no son justas y hay que cambiarlas". "Que no se diga 'qué malo ha sido el juez', sino 'qué mala era la Ley'. Cámbiese la Ley, si no se está de acuerdo", concluyó.