BILBAO. Haizea Ziluaga y Alfonso Zenon, abogados de las nueve personas detenidas la semana pasada en Ondarroa y Gipuzkoa por su presunta relación con ETA, han denunciado que al menos tres de ellos han sufrido torturas a manos de la Ertzaintza y han tenido que ser atendidos en un centro hospitalario, por recomendación del forense.

Ambos han comparecido hoy en rueda de prensa en Bilbao, junto a familiares y vecinos de los detenidos, para denunciar la actuación en este proceso de la Ertzaintza y de la Audiencia Nacional, que calificaron de "tribunal de guerra".

Según Zenon, los arrestados han sido sometidos a "interrogatorios ilegales continuos, sin la presencia de un abogado; han recibido golpes y amenazas; han sido obligados a mantener posturas forzadas; han recibido presiones y tortura sicológica, con continuas amenazas hacia los familiares e hijos de corta edad".

"Tenemos que decir claramente -ha recalcado- que la flamante nueva División Antiterrorista de la Ertzaintza tortura a las órdenes del señor Ares", el consejero de Interior del Gobierno vasco. Como abogados, ha agregado, "estamos más que hartos de tener que escuchar a nuestros defendidos los tratos a los que han sido sometidos".

Ha explicado también que, en su función de letrados, habían sido "expulsados" de las dependencias judiciales de la Audiencia Nacional, "con la disculpa de que a los detenidos se les había impuesto un abogado de oficio", y solamente se les ha permitido tener contacto con los arrestados cuando han pasado a prisión.

"La Audiencia Nacional -ha dicho Zenon-, aplicando la incomunicación, lo que hace es permitir la tortura de nuestros defendidos para obtener confesiones autoinculpatorias. Es un tribunal de guerra que vulnera completamente el derecho a la defensa".

Los abogados, ha insistido, "somos testigos incómodos y no quieren que veamos a nuestros defendidos para que no veamos los golpes que tienen ni oigamos los relatos sobre los malos tratos".

Zenon ha denunciado también la actitud de la Ertzaintza, que no sólo no aplica el protocolo habitual (de grabar constantemente a los detenidos), sino que "es la que solicita al juez la incomunicación de los detenidos" y ofrece un teléfono de información a los familiares a través del cual "lo único que hacen es mentir".