El caso de Haidar ha representado la segunda crisis seria del Gobierno Zapatero con el país vecino, después del malestar que provocó en Rabat la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en noviembre de 2007.
En ambos casos, el Ejecutivo ha insistido en su tesis de anteponer el interés compartido a los gestos de dureza y a cualquier desaire a Mohamed VI con el fin de no hacer tambalear la fructífera colaboración en ámbitos como la inmigración ilegal o la lucha contra el terrorismo.
La raya hasta la que se ha llegado es rechazar verbalmente la expulsión de Haidar cuando se le comunicó a Moratinos y reiterar la petición de buscar una salida que no dañase la confianza labrada en los últimos años, sí amenazada por miembros del Ejecutivo marroquí. La línea de actuación de Zapatero ha pretendido evitar reproducir etapas negras como la invasión del islote Perejil, los desacuerdos en materia de pesca en la época de Hassan II o el descontrol de la inmigración clandestina y el narcotráfico en aguas del Estrecho.
Una de las consecuencias de este trato suave ha sido el debilitamiento de la presión de España para arreglar el conflicto del Sahara Occidental, alicaída por la falta de avances entre las partes y por la pérdida de interlocución con el Polisario. Así lo reconoció Moratinos, poco antes del regreso de Haidar a casa, aunque al mismo tiempo valoró que el debate de este conflicto vuelva a estar en el escaparate.
Zapatero parece haberse inclinado por soluciones prácticas más que por remotas -como el referéndum saharaui- a tenor de su aceptación del plan de autonomía marroquí para la ex colonia española como una base para desbloquear la negociación que hizo pública en Rabat en 2007.
El Gobierno ha tenido que acelerar la búsqueda de una salida del caso de Haidar en vista de que se echaba encima la presidencia de la UE, donde no se quiere ensombrecer de ningún modo el éxito de la cumbre con Marruecos a principios de marzo. España ha optado por renunciar a una solución bilateral y ha recurrido a Francia, EEUU y la ONU para ablandar el inmovilismo de Marruecos.
Además de ceder buena parte del protagonismo al presidente francés, Nicolas Sarkozy, como benefactor del acuerdo -como el Elíseo informó en su comunicado-, Zapatero tampoco ha tenido reparos en contentar a Rabat admitiendo, al igual que Francia, que "la ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental" mientras no se resuelva el conflico. Para Moratinos, esto no es ninguna "concesión", ni contrapartida, sino una muestra más del compromiso de España de apoyar una solución al conflicto que se remonta desde 1975.
A juicio del analista del Magreb del Real Instituto Elcano, Haizam Amirah Fernández, la postura "a la defensiva" de España cuando surgen problemas con el país vecino no se corresponde con una relación basada "en la confianza y el respeto mutuo". "Se ha desandado mucho el camino avanzado durante los últimos cinco años, cuando Marruecos ha tenido el máximo apoyo que le puede dar un Gobierno español", argumenta Amirah.
Para el analista de el Elcano, la proyección europea de Marruecos que defiende España debe ir acompañada de "reformas democráticas de gran calado" en el Reino alauí y debe ser equilibrada con Argelia para no afear al principal rival de Rabat.
