vitoria. Desde que en 2006 se instalaron cámaras en las salas de detención e interrogatorios de todas las comisarías de la Ertzaintza, las denuncias por torturas se han reducido hasta prácticamente desaparecer. De hecho, cuando Manex Castro, presunto autor del ataque contra la Casa del Pueblo de Lazkao, aseguró el pasado mes de marzo haber sufrido malos tratos a manos de la Policía autonómica, hacía tres años que no se tenía constancia de ninguna denuncia de este tipo.
Bien sea porque antes se daban casos reales de torturas, bien porque una eventual denuncia falsa no es tan creíble si se registran los interrogatorios, lo cierto es que la videograbación en las comisarías, recomendada por el Ararteko, prácticamente ha cerrado uno de los principales frentes de denuncia del entorno de ETA, al menos en lo que a la Ertzaintza se refiere.
El pasado jueves, el Parlamento Vasco debatió la posibilidad de instar al Gobierno español a que extienda esta práctica a las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil, una medida que, por cierto, también el Congreso solicitó en octubre al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
PSE y PP consideraron "innecesaria" la iniciativa del parlamentario de UPyD Gorka Maneiro, y afirmaron que la contrapropuesta de los grupos nacionalistas y de Ezker Batua, que pedía el fin de la incomunicación, pone en cuestión la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "una de las más garantistas de Europa", según la representante socialista Miren Gallastegui.
Maneiro pedía además que se afine el protocolo utilizado por la consejería de Interior para efectuar las grabaciones, una medida también innecesaria, para populares y socialistas, en parte porque si algún agente "tuviera la voluntad" de maltratar a un detenido, podría hacerlo sin problemas "en un traslado, en un descampado, en un retrete, en donde fuere", según Carlos Urquijo, del PP.
De la misma opinión es Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, aunque con un enfoque distinto. "Desde que tanto la Ertzaintza como los Mossos instalaron cámaras en las salas de detención ha bajado de forma apreciable el número denuncias en el interior de las comisarías, lo que no quiere decir que no se produzcan estos hechos en descampados o traslados", apunta.
En el caso de los policías catalanes, asegura, la reducción de denuncias ha sido absolutamente drástica desde que se hizo pública la grabación de los malos tratos sufridos en el traslado a la comisaría de Les Corts por un ciudadano rumano detenido por error. En cuanto a los puntos ciegos que cita Urquijo, el activista añade que la paliza que acabó en 2005 con la vida del agricultor de Roquetas de Mar Juan Martínez Galdeano se produjo intencionadamente en una zona del cuartel de la Guardia Civil donde no había cámaras.
En el caso de Euskadi, Del Cura apunta a la denuncia de Castro y a otra, no relacionada con la lucha antiterrorista, como únicos casos de posibles torturas en el seno de la Ertzaintza desde 2006. La Coordinadora cree que las cámaras juegan un papel disuasorio, pero pide un mayor control sobre las grabaciones. "La versión oficial dice que las denuncias que se presentaban antes eran falsas, nosotros creemos que los agentes tienen más cuidado, aunque también se produzcan este tipo de denuncias. En el caso de los Mossos se han grabado conversaciones en las que un agente decía, "aquí no pegues que hay cámaras"", explica Del Cura.
La coordinadora apuesta por "ajustar la metodología", de tal forma que no sean los propios agentes los que controlen las grabaciones, que se conservan durante tres meses. "Si antes oían gritos y no decían nada no lo van a hacer ahora. La disminución de denuncias es muy importante, pero en cuanto se hace la ley se hace la trampa", afirma Del Cura.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ya explicó en el Parlamento que, tanto él mismo como su predecesor, Javier Balza, no estimaron necesario atender a la recomendación del Ararteko en este sentido, además de la de acabar con la incomunicación, pues "se utiliza un sistema automático y continuo durante 24 horas cuyo control depende directamente del responsable de la unidad". Ares aseguró que desde que tomó posesión del cargo no ha tenido conocimiento de ninguna denuncia por torturas, aunque tanto los grupos nacionalistas y EB como Torturaren Aurkako Taldea creen que el mantenimiento de la incomunicación abona el terreno para que se produzcan nuevos casos.
Por contra, Ares recordó en el Parlamento que la actuación de la Ertzaintza es fiscalizada "por un control externo llevado a cabo por Aenor desde 2002", y en todo caso afirmó que cualquier denuncia en este sentido será investigada convenientemente a través de la División de Inspección General.
