La publicación del editorial conjunto en favor del Estatut por más de una decena de periódicos catalanes muestra la insatisfacción general de aquella sociedad. Las diversas críticas al Tribunal Constitucional no son más que un ejemplo de una realidad compleja.
El Constitucional, penúltima gota
El Tribunal Constitucional está siendo criticado desde muchos flancos. Si el jueves era el editorial conjunto de una decena de cabeceras catalanas el que ponía en tela de juicio su situación, los académicos españoles más prestigiosos compartían ayer una posición similar.
"De los 12 magistrados que componen el Tribunal -sostenía el editorial-, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato".
En opinión de un "constitucionalista" y "un catalán" como Miguel Ángel Aparicio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, "en esas condiciones, nadie debiera pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un estatuto que fue aprobado mediante ley orgánica del Estado y fue ratificado por el pueblo de Cataluña".
La Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia reunió ayer y anteayer en Donostia a más de veinte expertos vascos, catalanes, europeos o canadienses para tratar las "sociedades plurinacionales" y el "cambio constitucional".
Las ponencias más unidas a la actualidad fueron las que giraron en torno a Cataluña. Su coordinador, Jaume Vernet, consejero del Consejo Consultivo la Generalitat y catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rovira i Virgili, también opina que "conviene que se cambien las personas que están en prórroga desde hace casi dos años, además que se va a producir una nueva dentro de poco? [en enero o febrero deberían ser sustituidos cuatro, de los que uno falleció]... Sería bueno que el Tribunal estuviera en plena forma y sin estos vicios para juzgar algo como el Estatut".
Para Vernet, hacer hipótesis de lo que ocurrirá es lo más "delicado. Si a aquello que ha expresado el pueblo de Cataluña y mediante el Parlamento con el 90% del apoyo, siempre siguiendo los criterios constitucionales... Si a eso se dice que no, se está cerrando una puerta y se tendrá que estudiar qué otras opciones hay".
Flexibilidad Otro de los invitados al simposio, Juan Cano, catedrático también de Derecho Constitucional por la Universidad de Almería y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, comparte ese análisis: "Lo más importante es que aquellas comunidades autónomas que tienen una tradición histórica y que tienen una acusada personalidad, se encuentren cómodas en el marco constitucional. Da igual lo que haya que hacer para eso: procédase a la reforma constitucional, a un entendimiento flexible y expansivo de los estatutos? No vale la pena que el consenso logrado en 1979 y que ha subsistido hasta ahora se pueda perder por una operación jurídica".
Este profesor apuesta por "enfrentar con valentía" las diferencias de Euskadi y Cataluña: "El diálogo y el principio democrático lo arreglan todo. No hay que tensar la situación, sino encontrar las vías para que las comunidades que tienen una personalidad especial y requieran un tratamiento especial, lo tengan".
plazos No parece que haya un momento "propicio" para lograr un acuerdo y dictar sentencia. Tras los referéndums de independencia del 13-D llegarán las navidades y a comienzos de 2010, las autonómicas catalanas. El ambiente que rodea a Cataluña está muy agitado y por eso los catedráticos apuestan por uno más sosegado para que el Constitucional decida. A Cano no le extrañaría que "se decidiera posponer el debate a un clima de mayor sosiego, pero también es verdad que esta es una responsabilidad del propio Tribunal porque es un asunto que se debía haber sustanciado hace ya mucho tiempo".
Ante las posibles consecuencias que se pudieran derivar vista la situación de Cataluña, recuerda que "manejar un estatuto de autonomía no es manejar una sentencia sobre mataderos industriales. Es una norma política materialmente constitucional como es un estatuto de autonomía y nada menos que de Cataluña. Eso tiene prioridad absoluta y debía haber tenido respuesta ya. La que fuera, pero ya".
