Madrid. El PSOE y el PP se aliaron ayer en el Pleno del Congreso para tumbar una moción del PNV en la que, entre otras cosas, se reclamaba suprimir subvenciones a las entidades, ya sean públicas o privadas, que no quiten los símbolos franquistas y reconocer como víctimas del franquismo a aquellos miembros de bandas armadas que fueron asesinados o torturados entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, día en el que entró en vigor la Ley de Amnistía.

El principal objetivo de la moción del PNV era que los partidos que propiciaron la aprobación de la Ley de Memoria, tras pactar su contenido con el Gobierno y el PSOE, obligasen al Ejecutivo a mantenerse fiel a unos compromisos que, según los nacionalistas vascos, han sido "traicionados". Entre otras cosas, reclamaba, con plazos concretos, la agilización de la retirada de símbolos franquistas y en la apertura de fosas comunes.

"el beneficio de la duda" Sin embargo, la discusión se centró en la posible concesión de indemnizaciones a etarras. El diputado del PNV Aitor Esteban acusó al Gobierno de haber roto el acuerdo que selló con algunos grupos al negar esas ayudas a ex miembros de bandas armadas.

Esteban denunció que el "beneficio de la duda" que, según dijo, se dio a personas como Mario Onaindía, Teo Uriarte o Jon Juaristi, no se pueda dar al anarquista Salvador Puig Antich o a los etarras Txiki y Otaegi --estos tres últimos fusilados por el franquismo--.

Es más, recordó que el Tribunal Supremo dio por buena la concesión de una medalla como víctima del terrorismo al "conocido torturador" Melitón Manzanas, alegando, según su interpretación, que este comisario se hubiera "podido convertir en un defensor de las libertades" al llegar la amnistía.

En nombre del PSOE, Juan Antonio Barrio de Penagos, admitió que la discusión sobre las indemnizaciones a quienes empuñaron las armas contra la dictadura es "interesante", pero no entró a fondo en ella y se limitó a señalar que su formación no podía aceptar la propuesta del PNV.

El que sí replicó con contundencia a quienes defendieron indemnizar a etarras fue el diputado del PP Jorge Fernández Díaz, quien tildó esta reivindicación de "barbaridad lamentable e indigna de un Estado de Derecho".