a decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de vetar la implantación del pasaporte covid en Euskadi, en abierta contradicción con las resoluciones judiciales que lo han avalado en otras comunidades autónomas, vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de contar con un paraguas jurídico que garantice la toma de medidas para frenar la pandemia más allá del ineficiente procedimiento previsto por el Gobierno español de recurrir al Tribunal Supremo en busca de una unidad de criterio de los jueces. La imposición de medidas preventivas urgentes y proporcionadas en un escenario tan cambiante como al que nos aboca constantemente la evolución del virus es una necesidad imperiosa y una obligación de las administraciones públicas. En el caso de Euskadi, los últimos datos sobre el covid-19 muestran que el incremento sostenido de contagios, incidencia acumulada -superando ya los 321 casos por cada 100.000 habitantes, el triple que hace un mes- e ingresos hospitalarios se mantiene al alza, aunque la presión sanitaria general y en las UCI en particular no es aún excesivamente preocupante, gracias a la vacunación masiva de la población vasca. En este contexto, y pese al inexplicable veto de los jueces al pasaporte covid, la toma de medidas restrictivas se hace obligada. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, advirtió ayer de que el Gobierno Vasco no descarta reactivar la emergencia sanitaria y, en cualquier caso, instó al Ejecutivo español a que, de manera consensuada -esto es, mediante la cogobernanza- dote a las comunidades de herramientas jurídicas que permitan establecer el certificado sanitario en determinados supuestos, así como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores de nuevo de forma permanente, el adelanto de la administración de la tercera dosis de la vacuna y que se agilice la inmunización de los menores de 12 años cuando la EMA apruebe su administración a este colectivo. Los datos demuestran que la vacunación generalizada y el uso de la mascarilla son medidas que están salvando muchas vidas pese al incremento de contagios. La convivencia con el virus no está resultando sencilla y el riesgo de un empeoramiento de la situación epidemiológica sigue existiendo. De ahí la necesidad de contar con medidas adecuadas y jurídicamente blindadas y de extremar la precaución y la responsabilidad.