l extenso, documentado y detallado volumen La erosión silenciosa presentado el viernes por la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y que recoge los informes sobre el desgaste que sufre el Estatuto de Gernika y las competencias en él contenidas es la constatación, minuciosamente expuesta, de un largo proceso de recentralización por parte del Estado que, de manera más o menos perceptible pero eficaz, está menoscabando de manera significativa los derechos y la calidad de vida de toda la ciudadanía vasca. El estudio pone encima de la mesa una clara estrategia llevada a cabo por los sucesivos gobiernos españoles consistente en vaciar, por la vía de los hechos y de las leyes aprobadas con la hiriente complicidad del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales, el amplio campo del autogobierno vasco. No se trata de cuestiones ideológicas, identitarias o de mero rifirrafe político. La erosión del autogobierno afecta a asuntos clave de nuestra vida diaria como la salud, la educación, la asistencia social, el empleo, la planificación económica, el sueldo de los funcionarios vascos o la vivienda. A punto de cumplirse el 42º aniversario del amplio refrendo del pueblo vasco al Estatuto, la actual situación es, por ello, difícilmente sostenible porque aboca a la renuncia -de todo punto impensable- de Euskadi a ejercer sus competencias o al conflicto institucional permanente. En este punto, se entrecruzan dos cuestiones que entran de lleno en el debate político. Por un lado, la necesidad de reivindicar tanto el urgente cumplimiento íntegro del Estatuto, y en consecuencia el traspaso de las numerosas competencias aún pendientes desde hace más de cuatro décadas, como el blindaje de una relación bilateral de igual a igual entre Euskadi y el Estado que está en la base, letra y espíritu del texto de Gernika, en línea con lo que sucede con el Concierto Económico, que proscribe la unilateralidad y la imposición. Por otro, continúa vigente el debate sobre el nuevo estatus, frenado por la irrupción de la pandemia y la fijación de prioridades a que ha obligado la gestión de la enfermedad, y que más temprano que tarde deberá retomarse. Una oportunidad para actualizar y adaptar el autogobierno y también para dotarlo de un sistema de garantías legales que obliguen a una relación de bilateralidad real y efectiva que impida su erosión.