Editorial

Ideología vs. bien común

26.05.2021 | 00:58

El fracaso de la recuperación de la actividad industrial en Corrugados Azpeitia, con la pérdida de cientos de empleos, es responsabilidad de la voluntad obstruccionista de la alcaldesa de EH Bildu

La decisión del Grupo Industrial Cristian Lay CL, propietario de Corrugados Azpeitia, de renunciar a su proyecto de recuperar la actividad en la antigua fábrica –cerrada desde 2013– es un fracaso de gestión de primer orden, cuyo responsable directo es el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana. El fiasco de la operación –que estaba apoyada, bajo condiciones de exigencia de legalidad derivados de los requisitos medioambientales, por el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa– tiene un impacto negativo evidente, ya que supone la pérdida de una oportunidad única de crear alrededor de 700 empleos directos e indirectos, la dinamización económica de la zona –la inversión prevista era de 50 millones de euros– y la generación de riqueza que conlleva para el territorio y para Euskadi. La actitud obstruccionista y de bloqueo mantenida desde el primer momento por la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, de EH Bildu, ha provocado que el grupo inversor se haya echado atrás. La pérdida de un proyecto industrial o el cambio de ubicación del mismo en busca de mejores condiciones entra dentro de lo posible, como, por ejemplo, ha ocurrido con el de la planta de elecrolizadores al que aspiraba Euskadi y que finalmente se situará en Guadalajara debido a las extraordinarias subvenciones a fondo perdido que percibirá por tratarse de un territorio catalogado como "zona desfavorecida" con las que la CAV no puede competir. Pero es imperdonable que una institución pública boicotee y bloquee desde sus inicios un proyecto de las características del previsto en Azpeitia por mera voluntad política de EH Bildu. La alcaldesa se ha escudado en las condiciones del PGOU –que, por otra parte, contempla la excepción para un posible regreso a la actividad de Corrugados– y en que no se ha presentado "ninguna propuesta concreta". No parece que sea cierto, según el detalle de las reuniones y de las solicitudes y comunicaciones mantenidas realizado ayer por la consejera Arantxa Tapia. Además, los argumentos son contradictorios, toda vez que si no existe "proyecto concreto" no tiene sentido apelar a la inviabilidad de llevarlo a cabo porque lo impide el PGOU. Ni la alcaldesa ni EH Bildu han aclarado, por otra parte, cuál sería la postura del Ayuntamiento sobre la reapertura de Corrugados si no hubiese la supuesta limitación contemplada en el PGOU. La ideología mal entendida se ha impuesto al bien común.

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