l asesinato de los periodistas vascos David Beriain -navarro de Artajona- y Roberto Fraile -de Barakaldo- en Burkina Faso vuelve a poner sobre la mesa el coste anual de la defensa del derecho a la información de la sociedad. En este caso, Beriain y Fraile, junto a un cooperante irlandés, han sido asesinados por algún grupo terrorista seguramente para proteger los intereses de las mafias que practican la matanza furtiva cuyo negocio mueve luego millones de euros. El periodismo es una profesión necesaria en todo sistema de libertades y derechos democráticos y humanos avanzado. Es cierto que a veces también el propio ejercicio de la profesión periodística contribuye a devaluar cada día su dignidad. Y de ello hay medios importantes en el Estado español que son protagonistas principales. Pero la muerte de Beriain y de Fraile constata una vez más que disparar al mensajero se ha convertido en un ejercicio cada día más habitual. Los datos son escalofriantes cada año. Ya sea en guerras o en estados fallidos, ya a manos de las mafias o de las dictaduras o incluso en los países supuestamente democráticos, el ejercicio honesto del periodismo y su valor social y público están perseguidos o amenazados. En las guerras ya no hay diferencias entre el fuego amigo y las balas perdidas. Por regla general, todas buscan el mismo objetivo: el cuerpo de alguien que trata de transmitir lo que está sucediendo. Pero tan sangrante como las heridas es la indefensión, como quedó demostrado, entre otros muchos -incluido este mismo país con el asesinato terrorista o la persecución judicial-, con la muerte del cámara español José Couso en Bagdad. Ante la falta de amparo, se hace cada día más necesaria una legislación internacional que persiga a quienes con la amenaza o la agresión intentan silenciar las voces de los informadores. Solo así se pondrá coto a los continuos atentados contra la libertad de expresión. Acciones de presión, amenazas veladas y boicots que también campan ahora en nuestra democracia desde la ultraderecha. Esto, antaño, eran considerados gajes del oficio. Pero antes de que se generalice como accidente laboral, la sociedad deberá aplicar instrumentos que salvaguarden su propio derecho a recibir una información veraz y honesta sin la que no estaría en condiciones ni de reflexionar sobre lo que ocurre ni de decidir su futuro.
