os datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, son una ventana por la que mirar el alcance de los efectos socioeconómicos de la covid-19. Los 350.000 parados más en el Estado, con una tasa del 16,2%, la más alta en dos años, precisamente en un periodo en el que las características de la economía estatal habitualmente contribuyen a la recuperación del empleo, lo dicen todo a pesar de que a los trabajadores en ERTE se les considere oficialmente ocupados. Y el cotejo de esos datos de desempleo con las horas trabajadas respecto a los meses anteriores, los del confinamiento, con un 15% de aumento, permite asimismo aventurar las consecuencias que produciría un recrudecimiento de la pandemia que obligara a extremar aún más las restricciones. La EPA da también para fundamentar que las características del mercado laboral en el Estado no son ajenas, ni mucho menos, a esas consecuencias: casi una cuarta parte de los trabajadores posee un contrato temporal, el sector que sigue creando empleo es el de servicios (467.000 puestos de trabajo más), con mucha distancia sobre la construcción (80.000) y la industria (45.400), mientras el paro entre los jóvenes hasta 30 años supera el 40%. Con ese panorama sociolaboral y la constante amenaza de que la covid-19 se cebe aún más sobre la economía y el empleo, el anuncio del proyecto presupuestario del Gobierno Sánchez no debería enfatizar el aumento relativo de la presión fiscal a las rentas más altas o del impuesto de sociedades para caracterizar políticamente de izquierdas las cuentas y prolongar la entente de las dos fuerzas que lo componen. Tampoco destacar genéricamente la previsión de inversión pública social de 239.765 millones, incluyendo la aportación inicial de los fondos europeos, o las diferentes ayudas que edulcoran las cesiones mutuas en la negociación interna entre PSOE y Podemos. La economía, y con ella el empleo, exigen de los presupuestos, la principal herramienta para el desarrollo de las polìticas que se precisan, toda la relevancia y concreción en las apuestas por la innovación, la digitalización y la industria avanzada; todas ellas más difíciles de ofrecer al público pero imprescindibles no ya para acceder a parte de los fondos europeos sino para resetear la actividad ya antes, desde ahora mismo, de que puedan darse por superadas las peores fases de la pandemia.