Editorial

Echarse la pandemia a la cabeza

09.10.2020 | 23:55

La polémica entre Sánchez y Ayuso refleja las consecuencias de la judicialización de la política y se abona con el denunciado actuar unilateral de Illa y la anteposición por el PP de los intereses partidarios a la salud pública

La sostenida y ampliada polémica en torno a las medidas y restricciones a imponer en Madrid, la comunidad con más casos positivos (258.767) y más fallecimientos (9.637), también con uno de las peores evoluciones de la pandemia en esta segunda ola, vivió ayer el enésimo capítulo. Ahora bien, en ese bochornoso arrojarse la pandemia a la cabeza que protagonizan el Gobierno del Estado y el Gobierno madrileño, el decreto por Pedro Sánchez del estado de alarma tras negarse Isabel Díaz Ayuso a mantener las medidas restrictivas impuestas previamente por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dibuja con exactitud las consecuencias, insólitas, de la peligrosa espiral de judicialización en que se ha enredado desde hace ya tiempo la política española. Hasta el punto de que el TSJM, no ajeno a presiones e intereses, es capaz de fundamentar en un formulismo de rango legal la anulación de órdenes gubernamentales que afectan directamente a la salud pública y soportadas en razonamientos, si no evidencias, científicos. Y de hacerlo, además, contrariando los criterios de la justicia que no han esgrimido en otros momentos y lugares –tras el fin del estado de alarma el pasado 21 de junio o en los confinamientos de Palencia y León, sin ir más lejos– la legalmente clara y ya denunciada incapacidad de una orden ministerial para limitar derechos fundamentales. Dicho esto, el error del ministro Illa, consecuencia de que Pedro Sánchez le atribuyera una potestad jurídicamente en cuestión, no se halla en la imposición del cierre de Madrid sino en el proceder unilateral y desconsiderado hacia otras instituciones y gobiernos que pese a haber sido denunciado en sus actuaciones casi desde el primer momento no ha corregido. Y, del mismo modo, la resistencia de Díaz Ayuso a seguir las directrices del Ministerio de Sanidad, incluso desde el desconocimiento, no se sustenta en la convicción de lo innecesario del cierre de Madrid, como demuestra su disposición a confinar hasta 51 zonas, sino en un intento de ocultar las consecuencias de las políticas desarrolladas por los gobiernos de su partido y en criterios más relacionados con la rivalidad y los intereses partidarios que con la buena gestión de la salud pública y la salvaguarda de la confianza de los ciudadanos en momentos de dificultades sanitarias, sociales y económicas.