l pasado 30 de enero, en plena manifestación de una jornada de huelga convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, anunciaron una “primavera roja y en lucha” si en dos meses gobierno y patronal no atendían sus demandas de cambio de políticas económicas y sociales. La pandemia de covid-19 en marzo y una primavera negra y en casa trastocaron los planes de los sindicatos, que iban a coincidir con la antesala de las elecciones al Parlamento Vasco, previstas para el 5 de abril y pospuestas al 12 de julio no sin críticas por parte de EH Bildu y Podemos, que preferían dejarlas para setiembre u octubre. La celebración de los comicios en julio, en la única ventana de oportunidad que ha dado el covid-19 en siete meses, restaba mucha presión sindical a la campaña y su resultado, que otorga al gobierno de Urkullu mayoría absoluta, limitaba a priori a EH Bildu y Podemos en la Cámara vasca. Sólo doce días después de que los electores vascos respaldaran las políticas del lehendakari, Arnaldo Otegi abogaba por “reforzar un espacio progresista mayoritario que busca una alternativa y un programa de cambio para acabar con la precariedad y el debilitamiento de la administración pública” advirtiendo de que la labor de oposición se podría desarrollar en ese espacio en el que se encuentra con los sindicatos, cuya fortaleza se halla principalmente en el ámbito del empleo público. Sin siquiera dar margen al nuevo gobierno y los nuevos responsables de los respectivos departamentos, la huelga convocada hoy en la enseñanza bajo la pretensión de falta de diálogo sobre el protocolo de regreso a las aulas -pese a las 23 reuniones con los agentes contabilizadas por Urkullu- y las concentraciones en ambulatorios (día 18) y hospitales (día 25) y la manifestación del 3 de octubre de los sindicatos de la sanidad vasca por la supuesta precariedad del sistema -pese a su gran respuesta durante la pandemia- no son ajenas a esa estrategia de tensión y desgaste del gobierno. Estaba prevista en primavera y se ha trasladado a otoño. Pero en ella se esgrimen como generalizados problemas puntuales (que seguramente los hay y se deben solucionar) y se obvia la realidad general más que positiva de la enseñanza y la sanidad vascas, anteponiendo a su real eficacia para la sociedad la confluencia de intereses políticos y sindicales.