La fotografía que dibuja el informe Panorámica de la juventud 2019 presentado ayer por el Gobierno Vasco respecto a la capacidad o iniciativa de los jóvenes vascos para alcanzar su independencia respecto al núcleo familiar confirma la realidad de que la sociedad vasca es una de las que más retrasa la emancipación (29,6 años de media) en Europa. De hecho, sólo en Malta (30,7), Italia (30,1), Bulgaria (29,6), España (29,5) o Grecia (29,3) se difiere tanto o más que en Euskadi el inicio de la vida independiente. Que dicha realidad está íntimamente ligada a las capacidades económicas de los jóvenes y a la dificultad que conlleva el acceso a una vivienda, no solo por el histórico hábito de adquirirla en propiedad, también por el coste de los alquileres, es asimismo evidente. Más aún cuando pese a las mejoras experimentadas en el mercado de trabajo la tasa de temporalidad en el empleo ronda el 80% en menores de 24 años, que se entienden con empleos menos cualificados, e incluso supera el 62% entre 25 y 29 años, es decir, en empleos que ya exigen cierta cualificación y/o conllevan determinada experiencia laboral; también que la parcialidad del empleo juvenil sigue siendo alta: el 43,9% de entre 16-24 años y el 24,4% al hablar de jóvenes de 25 a 29 años. Es asimismo notorio que el alto índice de jóvenes vascos con estudios superiores -Euskadi es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos con educación universitaria y FP (62% entre 25 y 29 años)- contribuye asimismo a retrasar la primera ocupación y, en consecuencia, a que se dilate la emancipación, en contraste con aquellas sociedades que, como las nórdicas -Suecia (19,7 años de media de emancipación), Dinamarca y Finlandia (21)- se consideran un ejemplo. Sin embargo, existe también un condicionante cultural -tradicional si se quiere- en cuanto a que los jóvenes vascos prefieren emanciparse con un mínimo de estabilidad mientras en los países nórdicos se prioriza el itinerario individual con una creciente flexibilidad para compaginar estudios y trabajo mediante las ayudas con que la administración colabora al mantenimiento de las condiciones de bienestar. No se trata, en ese caso, de subvencionar la emancipación, sino de contribuir a que su adelanto forme parte de las contribuciones al relevo generacional que, desde finales del pasado siglo, son prioridad de sus políticas públicas.