Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por su capacidad para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas en toda su dimensión, frente a injerencias no solo de organizaciones o entidades privadas sino incluso ante las propias administraciones públicas. Es por ello que las democracias más avanzadas y consolidadas han creado y regularizado la figura del ombudsman o Defensor del pueblo, institución encargada de velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía, en especial en sus relaciones con las administraciones públicas. En Euskadi, esta figura, denominada Ararteko, cumple ahora treinta años de existencia, tres décadas en las que se ha consolidado como institución cercana, accesible y garantista de cara a la atención a toda la ciudadanía. La Ley del Ararteko 3/1985 de 27 de febrero del Parlamento Vasco define esta figura, consagrada en el Estatuto de Gernika, como “alto comisionado del Parlamento Vasco designado para la defensa de los derechos” de las personas en relación con las actuaciones y políticas de cualquiera de las administraciones públicas de la CAV (Gobierno, Diputaciones forales, Ayuntamientos u organismos públicos dependientes). La misma norma establece como “función primordial del Ararteko” la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía “frente a los abusos de autoridad y de poder, las irregularidades, las negligencias y, en general, las actuaciones incorrectas de las administraciones públicas vascas”. Esta es, precisamente, la clave del éxito del Ararteko durante estos últimos treinta años, su carácter independiente de las diferentes administraciones y su capacidad de influencia, mediación y autoritas que le han conferido -más allá de la persona que ha ostentado el cargo: Juan San Martín, Xabier Markiegi, Mertxe Agúndez, Iñigo Lamarka y el actual, Manuel Lezertua- crédito y prestigio como una de las instituciones más valoradas por los vascos. De ahí que el reto de cara al futuro sea la articulación de un sistema de comunicación y relación cada vez más directa con la ciudadanía en la era de internet y del mundo online, la identificación de los principales problemas en las sociedades del siglo XXI y, sobre todo, la identificación de las situaciones de mayor vulnerabilidad frente a abusos, omisiones o negligencias que atenten contra unos derechos sociales cada día más cambiantes.