a Corte Internacional de Justicia de La Haya ha ordenado este miércoles a Rusia que cese su "operación militar especial" contra Ucrania, incluyendo el apoyo a unidades irregulares tales como mercenarios o grupos paramilitares.

Más de uno se ha adelantado a ridiculizar esta orden con comentarios sarcásticos sobre el evidente nulo efecto que tendrá sobre el actuar de Rusia. Algunos medios han calificado la resolución como meramente simbólica. Yo creo que se trata de una orden que puede tener efectos jurídicos y políticos nada desdeñables, por mucho que siempre sea más fácil el recurso al cinismo de tuit rápido y barra de bar que el estudio de lo complejo más allá de lo que da de sí un titular.

La competencia de la Corte para estudiar un supuesto de agresión no es automático ante países que, como es el caso, no han reconocido su jurisdicción. Por eso Ucrania ha buscado una vía indirecta basada en un tratado del que ambos países son parte: la Convención contra el Genocidio, cuyo artículo noveno establece que "las controversias (...) relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio (...) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes".

Este aspecto aparentemente técnico tiene importantes consecuencias. La clave para que la Corte pueda estudiar el caso reside como vemos en que la agresión tenga relación con un genocidio. Por eso Ucrania ha alegado ante la Corte que uno de los argumentos con que Rusia ha justificado la agresión ha sido la existencia de un genocidio en Luhansk y Donetsk. Con el fin de impedir que se declare competente, Rusia ha informado a la Corte de que su operación militar no se ha basado exactamente en ese fundamento jurídico.

El Tribunal ha resuelto que tiene jurisdicción para esclarecer el asunto. Fíjense en la paradoja: los presuntos perpetradores piden a la Corte que "estudie y declare si actos de genocidio han sido cometidos en las provincias de Luhansk y Donetsk", mientras que quienes se declaran protectores de esas poblaciones quieren evitar cualquier análisis independiente de la cuestión. ¿No resulta significativo? Confío en que los que se han declarado tan concernidos estas semanas por el genocidio en esas regiones, hasta el punto de considerar que justificaba una agresión llena de crímenes, puedan ahora celebrar que el más alto tribunal de la comunidad internacional estudie con imparcialidad el caso.

En tanto resuelve sobre el fondo, la Corte dicta una orden de medidas provisionales para paralizar la agresión iniciada bajo el pretexto del genocidio. Desde un punto de vista formal esta orden es vinculante. Por supuesto que Rusia no va a respetarla, hasta ahí llegamos todos, pero este incumplimiento tiene consecuencias. Aísla más a Rusia. Restringe hasta lo infinitesimal la credibilidad de su pretensión de que la agresión tenía remotamente una justificación legal. Demuestra cuál es la parte en el conflicto que no quiere que se investiguen los crímenes internacionales en la zona. Y aclara formalmente que Rusia está incumpliendo el derecho internacional desde el momento en que incumple ese mandato. El hecho de que solo hubiera dos jueces discrepantes y que sus nacionalidades sean rusa y china hace todo más incontestable.

Este incumplimiento facilita los siguientes pasos para la calificación jurídica de los crímenes que se den. Alguien me preguntó si veremos a Putin ante un tribunal. Es algo muy improbable, pero quizá sí pudieran darse logros menores como que algunos responsables de estos crímenes no puedan volver a viajar más allá de Rusia, China o Corea del Norte sin temor a ser detenidos o que no puedan volver a sacar bienes fuera del país. No es todo lo que quisiéramos, pero sería algo más que la impunidad total. No será en todo caso un camino fácil y requerirá de pasos preparatorios como éste.

No, no estamos ante la tonta orden de una ilusa Corte que no sirve para nada. Todo es más complejo de lo que a primera vista parece.