Se puede ser desproporcionado en una actuación pero que no haya responsable de esa desproporción. Eso nos vino a decir ayer el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. La desproporcionada intervención de la Policía Armada debió producirse por generación espontánea. La frustración es directamente proporcional al desinterés de fondo que queda de manifiesto. 

El 23-F es materia de revelación de unos secretos decepcionantes bajo la legislación actual, pero los que rodean a la matanza de Gasteiz no merecen el mismo tratamiento. Se puede engolar el discurso de la declaración institucional de condena, pero lo borra la falta de verdad con la que clavarlo a la pared de la Justicia y que sea realmente un bálsamo reparador.

Desproporcionada es también la matanza en Irán y la respuesta del régimen. Algún responsable tiene que haber de que construir el futuro de las niñas persas pase por destruir sus escuelas con ellas dentro. Obligar a la ciudadanía iraní a elegir a manos de quién morir -de las bombas de Israel y EE.UU. o de la Guardia Revolucionaria de los ayatolás mediante una rebelión desarmada- es una desproporción.

A veces se prestan también favores desproporcionados. Como el del asesor fiscal que se inventaba facturas para que las cobrara Koldo García cuando no le daba el sueldo para llegar a final de mes.

Otras, el relato debe huir de la proporción para poder sacarle partido. El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, explicaba ayer la proporción real del problema de las vacunas caducadas: entre un 0,11 y un 0,16% del tipo inoculado. En el sistema británico, el estándar de error está entre el 0,17 y el 0,25%. No consuela si hablamos de la salud propia. Mejor compramos el relato que busca responsabilizar al que no ponía las vacunas, no las almacenaba, no las registraba y no las adquiría. Pero es del partido al que se aspira a desbancar predicando un apocalipsis de proporciones bíblicas.