Concluyendo la XII legislatura del Congreso de los Diputados y cuando prácticamente se había alcanzado una entente en la Comisión del Pacto de Toledo, quien fuera coportavoz de Podemos y hoy vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desautorizó de forma expresa a su portavoz parlamentario, desdiciéndose de todos los avances en aquel acuerdo alegando varios prejuicios dogmáticos, y abortó una casi concluida posibilidad del pacto sobre pensiones. Recuerdo la cara del portavoz del PP, Gerardo Camps, quien, a su vez, había anunciado que no iba a apoyar aquel texto por motivos de signo opuesto, destacando que aquel despropósito le evitaba “el muerto” de ser protagonista de aquel fracaso. El “malo” de aquella película, textualmente.

Tanto Podemos como PP pretendieron cercenar aquel texto a caballo de argumentos que, hoy, puedo calificar de prejuicios ideológicos o dogmáticos. Para los primeros, la sostenibilidad era un argumento falaz, rechazable bajo el prisma de que todo se podía colectivizar. Para los segundos, la viabilidad del sistema pasaba por restricciones económicas, claramente limitadoras del futuro de las pensiones. Gracias a Dios y a todos, dos legislaturas más tarde pudimos retomar los mismos textos y avanzar hasta la edición hoy conocida del Pacto de Toledo, aprobada el 19 de noviembre de 2020 en el Congreso. Conviene recordar, no obstante, que ambos extremos tuvieron un punto en común. Ambos criticaron –y lo hacen hoy día– la recomendación 16, relativa a los sistemas complementarios, como una propuesta a matizar.

Sucede, sin embargo, que el modelo implementado en la mayor parte de los países europeos es hoy, el guion de una futura directiva europea sobre el futuro de los sistemas de pensiones. Un modelo que, en palabras de la presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, Petra Hielkerma, debe promover la “afiliación automática”, que no obligatoria, de los planes complementarios de empleo. Tal afirmación es la constatación de que, para garantizar el futuro del primer pilar de una Europa social y sostenible, cual es el sistema de pensiones, no basta con incidir en el gasto público, sino que se precisa su conjugación con una garantía de la tasa de reposición a través del esfuerzo individual. Esto es, a través del factor del ahorro, al que se refiere el segundo pilar, o de sistemas complementarios de empleo.

Y también que, tomando como referencia el modelo británico, tal mecanismo ha de ser apoyado e incentivado desde los poderes públicos con poderosas medidas fiscales –o de valor similar– que tiendan a reforzar tanto su utilización, como el control público de las inversiones provenientes de tales fondos, –como elemento diferencial de sistemas privados–, por poder ser vinculados a criterios éticos, medioambientales y sociales.

Hace unos días, Noticias de Gipuzkoa se hacía eco, bajo la firma de Carlos Etxeberri, no solo del avance de la nueva herramienta de previsión complementaria del sector de la construcción en Bizkaia, promovida bajo la exitosa égida de la EPSV Geroa, sino también de que la implementación de tal iniciativa venía a reforzar un modelo vasco, felizmente coincidente con el futuro modelo europeo. Eso sí, conviene advertir que tales avances en el ámbito vasco contrastan con el aparente fracaso del mismo modelo e iniciativa en el ámbito estatal, consecuencia del abandono por parte del ministerio responsable de la Seguridad Social y su titular, la navarra Elma Saiz, de cualquier iniciativa tendente a su implementación.

Así y según se ha conocido recientemente, tal negligente actitud se ha traducido en la dimisión de todos los componentes de la comisión de Control Especial de Supervisión de los Fondos de Promoción Pública de Empleo abiertos, que, en su día, creara el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, lo que supone materialmente el incomprensible abandono por el Gobierno del Estado de tal modelo.

El texto del Pacto de Toledo señala que, a partir del quinto año desde su aprobación, el Congreso de los Diputados deberá acometer una revisión general de sus recomendaciones para así evaluar su grado de cumplimiento y las medidas de futuro. Esto es, a partir de noviembre de 2025. Parecería deseable que, ante dicho escenario, los actores del debate se desprendieran de las costras ideológicas que impiden abordar un elemento tan crucial para el futuro del sistema de pensiones, como el de la necesidad de dirigir el gasto público a modelos sostenibles, y dejarse guiar por modelos de éxito que nos rodean basados en el ahorro para garantizar el futuro de una tasa de reposición, que hoy, se presenta como una incógnita en el Estado, salvo en Euskadi.

Exdiputado y portavoz en el Pacto de Toledo por el grupo vasco EAJ-PNV