Cualquier asesinato es un hecho inconcebible, que pone a la sociedad en la tesitura de pensar en cuáles son los materiales con los que va edificando los pilares para su construcción. El homicidio de un niño de 11 años a manos de un joven de 20 años eleva la incomprensión por lo sucedido y la incredulidad a su máxima potencia. Las preguntas se multiplican sin respuesta (de momento) y solo queda la espera del despeje de las incógnitas para proceder a poner los mecanismos necesarios en marcha para que algo así nunca vuelva a producirse. Sin embargo, lamentablemente, al trágico suceso acaecido hace unos días en un municipio de Toledo se le añade un hecho no menos preocupante, como es el uso de un crimen de tal naturaleza para vincularlo a la delincuencia y, en concreto, a la delincuencia ejercida por migrantes menores. La generación de noticias falsas (fake news) que se distribuyen a través de las redes sociales sin control comienza a ser un problema que las instituciones deben atender. El derecho a la libertad de expresión está y estará siempre amenazado por aquellos que se mueven por intereses puramente espurios y que obedecen a una estrategia política milimétricamente diseñada. Sus mentiras atacan un principio básico para la ciudadanía como es poder expresarse libremente, siempre, eso sí, sostenido por la veracidad de los hechos. Es deber de la Fiscalía estudiar los mensajes falsos y de odio que circulan por las redes sociales en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente a menores. Pero también es deber de la sociedad en general, y del individuo en particular, el ejercicio sostenido de contraste para darse cuenta y certificar que lo que escucha o lee a través de internet es, en ocasiones como lo sucedido en Toledo, simple y llanamente mentira. La lucha contra los bulos a través de las redes sociales e internet se ha convertido en una cuestión de primer orden para las instituciones, que deben proteger tanto a la población de los agitadores del odio como a los medios de comunicación tradicionales que sostienen su labor en el rigor y la praxis sin fisuras del ejercicio del periodismo. Firmas claramente identificables por sus mensajes de odio exigen de un control legal para evitar que hechos tan trágicos como el de Toledo terminen apuntando en la dirección equivocada en cuanto a su autoría y responsabilidad.