Ayuntamientos olvidan el riesgo del amianto instalado

Existe consenso científico sobre que no hay una exposición segura, por mínima que esta sea. Durante décadas, las empresas ignoraron el riesgo del amianto, incumpliendo las medidas de seguridad que exigía la legislación. Ahora abordan el riesgo, tras las condenas, que las obligan a pagar una indemnización y recargo del 30% en las prestaciones de la Seguridad Social, concedida a las víctimas o familiares más cercanos, por incumplir décadas atrás las medidas de seguridad.

No parece que la conciencia sobre el riesgo que representan las fibras cancerígenas desprendidas de los materiales con amianto, que están presentes en diferentes instalaciones del municipio y cuya vida útil caducó, preocupe a la mayoría de los concejales y alcaldes, que, salvo honrosas excepciones, olvidan el riesgo e incumplen la ley de Residuos y Suelos contaminados, como responsables municipales.

La Ley 7/2022 de 8 abril, en su disposición decimocuarta, dice: Instalaciones y emplazamientos con amianto: “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaboraran un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo, como el calendario, tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”.

El uso y la comercialización del amianto fue prohibido el año 2002, por las graves enfermedades que causa (fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, laringe y mesoteliomas...) a trabajadores y trabajadoras, por pequeña que sea su exposición a las fibras cancerígenas. No podemos olvidar que decenas de miles de toneladas de materiales que lo contienen siguen instalados en cubiertas industriales, agrícolas o ganaderas, en edificios de viviendas e iglesias, cuya composición se está descomponiendo, tras finalizar su vida útil. En la mayoría de las viviendas construidas entre los años 60 y finales de los 80, mayoritariamente barrios obreros, el amianto continúa presente: en bajantes de aguas pluviales o fecales, canaletas, tejados, planchas de aislamiento, jardineras, tuberías de red de agua…

El dictamen del Consejo Económico y Social Europeo asumió el compromiso de erradicar el amianto de la Unión Europea para el año 2032. El tiempo corre, quien incumple el compromiso recibirá justas sanciones comunitarias y deberá responder por las enfermedades generadas por su dejadez. La posibilidad de una ola de cáncer por inhalación ambiental de las invisibles fibras de amianto, liberadas de dichos materiales, es una amenaza real, aunque los negacionistas traten de negarlo, porque el daño a la salud no se expresa inmediatamente, para eludir el compromiso de erradicar el amianto asesino.

Ahora bien, todo el amianto no está visible, su detección y retirada segura requieren de la sensibilización, participación e implicación ciudadana: desde activistas sindicales, arquitectos, asociaciones vecinales, víctimas del amianto…, realizando campañas de sensibilización y subvenciones para su retirada, que ayuden a la detección del amianto, abaratando las obras y garantizar una retirada segura. La experiencia francesa, incluso, con “alertas sanitarias” como la que realizó el Gobierno regional de Aquitania, tras una granizada que destrozó las cubiertas de fibrocemento o uralita, marcan el camino. Sin una fuerte sensibilización social del riesgo y sin ayudas para su retirada, los negacionistas triunfarán. Las empresas y comunidades de vecinos serán presionadas o de común acuerdo contratarán piratas que realicen la retirada de materiales de amianto a precios mucho más reducidos a costa de jugar con la salud de trabajadores precarios y de la vecindad, al trabajar sin medidas de seguridad, con el agravante de que los residuos de amianto terminarán en vertederos incontrolados en la naturaleza, trasladando el problema de salud pública a las próximas generaciones.

Es necesario insistir en que no es suficiente realizar un buen censo del amianto instalado si no se controlan trabajos y se castiga las prácticas fraudulentas. La concesión de permisos de obra por los ayuntamientos, en especial en las instalaciones donde el censo recoge la presencia de amianto, deberá ir acompañada de un seguimiento de la empresa que realiza la obra, si está acreditada para trabajar con el amianto, si cumple las rigurosas medidas de seguridad y si los peligrosos residuos, son enviados a un gestor autorizado.

Sin control de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, la picaresca de los piratas se impondrá, haciendo ineficaces los planes para erradicar el amianto y el riesgo de sus fibras cancerígenas.

Las fuerzas políticas municipalistas deben implicarse, promoviendo planes en los ayuntamientos para inventariar el amianto y la retirada segura, impulsando la sensibilización social para la correcta ejecución de los planes para erradicar el amianto instalado. Quien pretenda ahorrar costes con una retirada fraudulenta debe tener en cuenta el grave riesgo para la salud generado entre quienes trabajan en su retirada o en la vecindad. Un fraude criminal, ante el cual no podemos cerrar los ojos, como si no nos afectara.

Las prácticas ilegales deben ser castigadas con la contundencia penal, especialmente si se trata de piratas, como delito contra la salud pública, además de burlarse de las normas de seguridad, salud y medio ambiente y por poner en peligro la salud de las personas, incluidas las mascotas.

Activista por la salud laboral y miembro de ASVIAMIE