El frenesí electoral se ha instalado en Euskadi, pero las vidas –en plural– siguen. Y necesitan de la mejor versión de los servicios públicos, que tampoco se detienen –afortunadamente– por el lógico anuncio de los comicios del 21 de abril coincidente en el tiempo con dos noticias de alcance en aras al bienestar colectivo: la alianza institucional para avanzar en un modelo propio, público y comunitario de los cuidados; y, por añadidura, la ampliación en otras 1.431 plazas de la plantilla estructural de Osakidetza.

Los cuidados constituyen el reto con mayúsculas de las sociedades avanzadas. De ahí que haya que estimular al Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales a perseverar en su estrategia compartida de liderar la prestación de los cuidados con una política en efecto inclusiva y universal, preventiva y sistémica, accesible y asequible. Con foco máximo en una cobertura equitativa e incidiendo en la corresponsabilidad de hombres y mujeres, además de en una remuneración digna de ese trabajo. La definición del estatuto de la persona cuidadora resulta así tan relevante como una consignación de fondos creciente con una óptica innovadora de los cuidados. Creatividad por la máxima eficiencia que igualmente se precisa en el ámbito de la salud pública para una mayor adecuación a las demandas actuales, en un contexto tecnológico que no puede prescindir de la atención personalizada a una población con cada vez más pacientes crónicos o con pluripatología. Sin menoscabo de la reflexión continua para mejorar Osakidetza, por ejemplo en cuanto a temporalidad y absentismo, el último consejo de gobierno reforzó el Servicio Vasco de Salud con las referidas 1.431 plazas, hasta alcanzar los 32.442 puestos de trabajo. Por consiguiente, la plantilla de Osakidetza ha crecido esta legislatura en más de 4.000 funcionarios. Cifras frente a soflamas.

Avances en un contexto de estabilidad política y en notorio provecho de la sociedad vasca en su conjunto que se contraponen con las estériles cuitas de la península histérica. Lejos de la ecuanimidad que se le presuponía, tales pendencias las azuza un poder judicial mecido por el mismo PP que continúa negándose en redondo un lustro después a la renovación del CGPJ. Véase la contumacia en considerar súbitamente el procés como un ejercicio terrorista, ya no solo por un juez que se jacta de mentir a sus homólogos galos, sino por la mayoría de la junta de fiscales del Supremo. El mismo tribunal que niega como intrínseca a Navarra la competencia de Tráfico que le fue hurtada por el franquismo en 1962, siendo además las carreteras de su propiedad. 

No está de más reclamar una campaña electoral vasca argumentativa, con las prioridades ciudadanas como eje y el autogobierno como palanca. Que se confronten modelos, claro, pero que también se visualicen los consensos urgentes frente a la insidia personal y la dialéctica demagógica. La polarización ya llegará seguro después desde los madriles con la vista en Europa.