ómo explicar que, a pesar de carecer de una institución propia hasta enero de 2017, el País Vasco norte haya dado pasos relevantes en materia de proceso de paz, con el desarme y la disolución de ETA y la posterior flexibilización de la política penitenciaria en el Hexágono? Esta situación es indisociable de la nueva gobernanza elaborada y posteriormente implementada en este territorio desde inicios de los años noventa que ha desembocado en la constitución progresiva de una nueva cultura política basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
A partir de ese periodo, los poderes públicos galos manifiestan su voluntad de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación, a la vez, entre la organización armada y el Estado francés y, sobre todo, entre la clase política local y la sociedad civil organizada. Y ello en un contexto marcado por tres fenómenos esenciales.
En primer lugar, un intenso debate político y académico sobre la noción de gobernanza territorial. De hecho, esta reflexión prospera en un periodo histórico dominado por “la búsqueda de nuevos modos de organización y de gestión territorial, alternativos a las perspectivas territoriales descendientes”. Por una parte, la gobernanza territorial alude al desarrollo local, en un periodo caracterizado por la implicación creciente de los actores locales en las dinámicas de desarrollo, con su capacidad para organizarse, movilizarse, coordinarse y asumir responsabilidades. Por otra parte, las instituciones experimentan una doble evolución: la transferencia de competencias a instancias supranacionales y regionales, y la recomposición de los espacios de ejercicio del poder.
En segundo lugar, la reactivación de la reivindicación a favor de un Departamento Vasco. Esta demanda, formulada desde 1963 por la formación nacionalista Enbata, a la que se adhieren los actores económicos liderados por la CCI de Baiona a partir de 1975, forma parte de las 110 propuestas de François Mitterrand para las elecciones presidenciales de 1981. Ante la no-implementación de dicha promesa por el mandatario socialista, los actores favorables a un Departamento Vasco crean la Asociación para un Nuevo Departamento en 1983 para informar a la ciudadanía, elaborar una argumentación sólida y llevar a cabo una labor de lobbing. Esta reivindicación conoce un nuevo impulso a inicios de los años noventa, en un panorama singularizado por la implantación electoral creciente del nacionalismo vasco, lo que obliga a los partidos de gobierno galos a apropiarse estas temáticas para poder ser elegidos, como consecuencia de un modo de escrutinio mayoritario a dos vueltas.
En tercer lugar, el declive progresivo de la lucha armada practicada por Iparretarrak (IK). A partir de la detención de Felipe Bidart, líder de esta organización, y de otros cuatro miembros de Iparretarrak, el 20 de febrero de 1988, IK cometerá un reducido número de atentados. Tras la tregua decretada en 1998 para no poner en peligro el proceso resultante de la Declaración de Lizarra-Garazi, Iparretarrak reivindica su última acción, de carácter simbólico, en enero de 2003. Su renuncia a la lucha armada es igualmente fruto de la creación de partidos nacionalistas vascos a partir de mediados de los años ochenta cuyo objetivo principal es conseguir la mayor implantación electoral posible, los buenos resultados electorales cosechados por estas formaciones en las diferentes elecciones, y las divisiones internas que genera la lucha armada practicada por la organización independentista en el seno del movimiento nacionalista vasco.
El cambio de orientación de las autoridades francesas se traduce por el lanzamiento de la prospectiva País Vasco 2010 que moviliza a las instituciones y a las fuerzas dinámicas de la sociedad vasca. Entre 1992 y 1993, elaboran, de manera conjunta, un diagnóstico pormenorizado del territorio y unos escenarios prospectivos al horizonte 2010 en función de las decisiones tomadas por las administraciones públicas. Este informe supone una concienciación de todos los actores implicados sobre la necesidad de concebir y aplicar unas políticas estructurantes y ambiciosas a escala del País Vasco norte.
Esto implica poner en marcha una nueva gobernanza que consiste en una manera novedosa de elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas donde todos los actores concernidos, tanto institucionales como sociales, efectúan un diagnóstico detallado de la situación, definen unos objetivos a medio y largo plazo, y precisan las acciones que permiten alcanzar estos fines. Para ello, es imprescindible crear un dispositivo de gobernanza que se articule en torno al binomio Consejo de Desarrollo del País Vasco-Consejo de Electos del País Vasco. Mientras que el primero reúne a los representantes de las empresas, cooperativas y asociaciones así como a personalidades cualificadas, el segundo agrupa a los principales cargos electos del territorio, de todos los niveles político-administrativos y de todas las sensibilidades políticas.
Esta nueva gobernanza, que se perfecciona a lo largo del tiempo gracias a un proceso de aprendizaje continuo, se caracteriza, a la vez, por:
1) el reconocimiento de los actores de la parte adversa como interlocutores legítimos con los cuales es posible e incluso necesario colaborar;
2) el conocimiento mutuo de los agentes involucrados como consecuencia de un diálogo constante llevado a cabo en un tono sosegado y respetuoso;
3) la concertación permanente entre los actores implicados;
4) la negociación entre los socios de cara a llegar a un acuerdo sobre las medidas que conviene implementar;
5) el respeto de las decisiones tomadas de manera consensuada;
6) la aplicación efectiva de las decisiones tomadas;
7) la evaluación compartida de las acciones acordadas y posteriormente aplicadas.
La implementación de esta nueva gobernanza, además de desembocar en la elaboración del proyecto de territorio País Vasco 2020 y la aprobación de contratos territoriales sucesivos, ha dado lugar, con el transcurso del tiempo, a la modificación de la cultura política local. Esta ha surtido efectos tangibles en materia de institucionalización del territorio y en el ámbito del proceso de paz.
En efecto, además de la participación de los principales actores políticos, sindicales y asociativos del País Vasco norte a la Conferencia de Aiete en 2011, una amplia representación de estos actores negocia y aprueba la Declaración de Baiona en 2014. Posteriormente, bajo la presión de la sociedad civil organizada y tras la operación de Luhusoa, el Estado galo accede al desarme de ETA y a su posterior disolución escenificada en la Conferencia Internacional de Arnaga. Estos pasos van de la mano de la flexibilización de la política penitenciaria por el gobierno francés, tras las movilizaciones impulsadas por los Artesanos de la Paz y las negociaciones llevadas a cabo por la delegación de Iparralde y el ministerio de Justicia francesa. Esta flexibilización toma la forma del acercamiento de los presos vascos a cárceles cercanas al territorio y a la supresión del estatus DPS a numerosos reclusos, lo que propicia el cambio de grado.
