scribo desde la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, cerca de Chicago, donde se celebra el Summer Research Lab del centro de estudios Euro-Asiáticos, en el que participo como Visiting Scholar.
Y en este contexto es relevante comentar una de las nuevas políticas del Gobierno Federal estadounidense que mayor impacto pueden tener en la geopolítica mundial y que menos desacuerdo ha generado entre los dos grandes partidos de este país. Me refiero a la que se conoce ya como U.S. Innovation and Competition Act (Ley de Innovación y Competitividad Estadounidense). En Washington se le conoce coloquialmente simplemente como el “proyecto de ley anti-China”.
Aunque Joe Biden llegó a la Casa Blanca prometiendo trabajar con sus oponentes políticos para conseguir resultados, el Congreso de los Estados Unidos ha permanecido tan dividido como siempre desde su investidura. Demócratas y republicanos no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de gastar billones de dólares en el alivio del coronavirus. Tampoco han podido acordar una comisión independiente sobre el motín del 6 de enero en el Capitolio o una reforma policial.
Pero hace unas pocas semanas, senadores conservadores y progresistas se unieron para aprobar un proyecto de ley de 250.000 millones de dólares diseñado para permitir que Estados Unidos compita de forma efectiva con China y, quizá, la derrote (o la contenga) en la batalla de las superpotencias rivales por el dominio económico y tecnológico.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, un halcón hacia China desde hace mucho tiempo, elogió el proyecto de ley como uno de los logros bipartidistas más importantes del Senado de los Estados Unidos en años, y pronosticó que las generaciones futuras lo verán “como un punto de inflexión para el liderazgo estadounidense”.
“El proyecto de ley se considerará una de las cosas más importantes que ha hecho esta cámara en mucho tiempo, una declaración de fe en la capacidad de Estados Unidos para aprovechar las oportunidades del siglo XXI”, dijo Schumer en un discurso en el Senado. “Quien gane la carrera hacia las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, con profundas consecuencias para la política exterior y la seguridad nacional”.
El senador republicano Todd Young, quien copatrocinó el proyecto de ley, dijo: “En este momento, nos mantuvimos unidos en nuestra lucha contra el Partido Comunista Chino”. El proyecto de ley fue aprobado por 68 votos contra 32 en el Senado.
El texto del proyecto de ley establece que el dominio global de Estados Unidos está “siendo erosionado y desafiado por competidores extranjeros, algunos de los cuales están robando propiedad intelectual y secretos comerciales de los Estados Unidos e invirtiendo agresivamente en investigación y comercialización para dominar los campos clave de tecnología existentes y futuros”.
La legislación crearía una nueva dirección de tecnología e innovación dentro de la National Science Foundation, una de las agencias federales que apoya y financia la investigación y la educación. Se asignarían alrededor de 81.000 millones de dólares a la National Science Foundation, incluidos 29.000 millones durante cinco años para la nueva dirección, que establecería 10 áreas de enfoque que incluyen la vanguardia de la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología.
Otros 10.000 millones de dólares se destinarían a centros universitarios de tecnología e institutos de innovación para realizar investigaciones en las áreas clave. El Departamento de Energía obtendría casi 17.000 millones para investigación y desarrollo para actividades de la cadena de suministro relacionadas con la energía.
Se invertirán cientos de miles de millones en las líneas de investigación y desarrollo científico vanguardista de EEUU (algunas secretas por estar relacionadas con tecnología militar). Ello creará subvenciones, facilitará acuerdos entre el sector privado y las universidades de investigación y facilitará avances en nuevas tecnologías.
El proyecto de ley asigna 50.000 millones de dólares durante cinco años para estimular la fabricación nacional de semiconductores en los EEUU. La medida tiene como objetivo reducir la dependencia de Estados Unidos de la fabricación china y combatir la escasez global de chips que ha interrumpido las cadenas de suministro de automóviles, teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos.
También ordena al Secretario de Estado de los Estados Unidos que publique una lista de todas las empresas estatales en China que se han involucrado en transferencias forzadas de tecnología o robo de propiedad intelectual.
Se gastarán otros 1.500 millones de dólares para impulsar la innovación en tecnologías inalámbricas avanzadas como 5G y 6G. La legislación requiere que el hierro, el acero y otros materiales de construcción utilizados en proyectos de infraestructura financiados con fondos federales se produzcan en los Estados Unidos.
El proyecto de ley proporcionaría 10.000 millones de dólares durante cinco años al Departamento de Comercio para crear programas regionales de centros tecnológicos. Un tercio de los ejes deberían estar ubicados en áreas rurales.
También toma medidas para fortalecer la asociación de Estados Unidos con aliados en la región, como Japón y Australia, para detener la importación de bienes fabricados con propiedad intelectual robada.
La legislación ordena al presidente que use todo el rango de su autoridad para imponer sanciones contra personas o entidades que hayan robado secretos comerciales de EEUU o se hayan beneficiado de dicho robo, así como sanciones contra entidades extranjeras o personas que hayan apoyado o participado en ataques cibernéticos o socavado la ciberseguridad estadounidense en nombre de China.
Se crearía, también, un grupo de trabajo interinstitucional para abordar la manipulación del mercado chino en Estados Unidos y autorizaría el gasto necesario para apoyar a los medios independientes en China.
“Vamos a hacerlo. Cuando las generaciones futuras de estadounidenses miren hacia la nueva frontera, ¿verán una bandera roja en la nueva frontera que no es la nuestra?”, dijo el republicano Young en un discurso en el Senado: “Hoy respondemos claramente que no”. Hoy declaramos nuestra intención de ganar este siglo en contra de los totalitarismos y para las democracias”.
Así pues, el enfoque de la ley es fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes, pero también incluye importantes medidas comerciales y de política exterior. Por ejemplo, permite la suspensión temporal de aranceles sobre determinadas importaciones y exige sanciones a los responsables de las prácticas de trabajo forzoso y violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang en China.
La rivalidad comercial y militar con Beijing se ha convertido en uno de los pocos temas que pueden unir a los dos partidos estadounidenses. Este consenso no significa que los republicanos hayan abandonado su escepticismo habitual sobre la intervención del gobierno en el mercado, pero sí hay conciencia de que ayudar a las empresas estadounidenses a competir con sus principales adversarios es necesario en el contexto actual.
El presidente Biden acogió con beneplácito la aprobación del proyecto de ley en el Senado y dijo: “Estamos en una competición para ganar el siglo XXI, y el disparo de salida ya se ha producido”.
Se necesitará mucho más que una pieza de legislación para que Estados Unidos se defienda del ascenso económico de China. Pero los miembros del Senado de los Estados Unidos demostraron que son conscientes de la colosal tarea que enfrentan y que el bipartidismo no está completamente muerto en la política estadounidense.
El Congreso Popular Nacional de China expresó “una fuerte indignación y una oposición resuelta” al proyecto de ley, diciendo que era un intento “de frenar el desarrollo de China”.
La necesidad de competir con China no es la causa única, pero sí un acicate extraordinario para una serie de políticas financiadas con inversión pública masiva (innovación, competitividad e infraestructuras, principalmente) que, en su conjunto, van tomando la forma de una “reinvención” estadounidense en la década que comienza, y que van a tener consecuencias notables a medio y largo plazo para Estados Unidos y para la geo-economía global. * United States Fulbright Professional Ambassador, Massachusetts Institute of Technology, London School of Economics
