l primer semestre de 2020 el mundo vivió las consecuencias de la primera ola de una pandemia inesperada, desconocida y agresiva, con una alta y grave afección a la salud pública. Mi primer recuerdo está con las víctimas y sus familias, sempervirens, siempre en nuestra memoria.
El día 13 de marzo del pasado año, el Gobierno Vasco adoptó la Declaración de Emergencia Sanitaria al amparo del LABI (Larrialdiari Aurre egiteko Bidea, Plan de Protección Civil de Euskadi), poniendo en marcha una estrategia compartida para prevenir la propagación de virus y garantizar la Salud Pública.
Al día siguiente, el presidente del Gobierno español decretó el Estado de Alarma, dando paso a un confinamiento general. Desde finales de abril, las medidas preventivas lograron frenar la propagación de contagios. El objetivo era preservar la salud pública y recuperar la salud social, tratando de limitar los costes del confinamiento en el empleo y revertir el deterioro de la situación para la sociedad.
Este proceso se denominó “plan de desescalada” o “vuelta a la nueva normalidad” y, en Euskadi, fue conocido como “Plan Bizi Berri”. Fue la guía para actuar, desde el diálogo y los acuerdos, tanto con el Gobierno español como con el resto de instituciones vascas y entidades sociales afectadas.
El 2 de octubre presentamos el Plan Bizi Berri II centrado en estructurar una respuesta comunitaria para hacer frente a una situación de evolución al alza de la pandemia en su segunda ola. El nuevo Plan Bizi Berri III se adapta a la evolución de la pandemia y establece una estrategia de actuación hasta junio. Se basa en las evidencias científicas que se consolidan y en las lecciones aprendidas. La Comisión Técnica del LABI estudia permanentemente la situación, interpreta los indicadores de nivel de riesgo, define el escenario en que nos encontramos y propone medidas de actuación que se valoran y adoptan en el Consejo Asesor del LABI.
Cada día y cada hora mi ocupación y preocupación es buscar, en cada decisión, el mayor equilibrio entre la prioridad de la Salud Pública y el objetivo de minimizar el impacto en la vida social. A pesar de las dificultades, turbulencias, contingencias, obstáculos, de la complejidad e incertidumbre de la situación, mi prioridad es tomar decisiones que mantengan nuestra nave a flote y la lleven a buen puerto.
Mi convicción es que equilibrio, paciencia y constancia van a ser las claves para perseverar en el objetivo de garantizar la salud personal y el bienestar social.
Este objetivo requiere la contribución de todas y cada una de las personas. Es un trabajo en equipo. Auzolana es la respuesta como sociedad para evitar el confinamiento, el colapso sanitario, el coma económico o el aumento de las brechas sociales.
La situación en estos primeros meses de 2021 no es peor que la padecida durante 2020; pero arrastramos un cansancio mayor. Nos referimos a esta realidad como “fatiga pandémica”. Nunca habíamos vivido una situación así en este siglo. Nos vemos obligados a limitaciones de movilidad, a posponer encuentros con seres queridos. Vemos de cerca el sufrimiento por la pérdida de algún familiar o un prolongado y doloroso ingreso hospitalario. Nuestra economía se resiente. Las empresas y negocios sufren dificultades.
Ningún sector es culpable de esta situación y todos merecen nuestro apoyo. Ante esta situación es necesaria la solidaridad. Solidaridad significa destinar recursos presupuestarios de todas y todos a los sectores más necesitados. Significa también cumplimiento cívico y corresponsable de las medidas preventivas de higiene, distancia o mascarilla.
Las instituciones estamos adoptando decisiones para paliar, en la medida de nuestras posibilidades y recursos, los impactos socio-económicos de la pandemia. En 2020, hemos articulado Fondos Covid para ayudar a las personas y familias más vulnerables, para compensar las pérdidas de sectores como la hostelería, el comercio, el turismo, la industria o la cultura. Hemos destinado recursos a complementar las ayudas a los ERTE que corresponden al Gobierno Español. Hemos ampliado las dotaciones para los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección social. Estas ayudas han tenido reflejo en la reorientación presupuestaria de 2020 y en el Presupuesto aprobado para 2021. Todas las líneas de ayuda siguen vigentes y hemos aprobado un nuevo Fondo Covid con 540 millones de euros adicionales.
La estrategia global del Gobierno Vasco frente a la pandemia y sus consecuencias tiene tres herramientas fundamentales que vamos a mantener. Primero, la estrategia general de garantía de la salud pública. Segundo, los Presupuestos 2021 y el Plan Berpiztu, orientado a la reactivación socio-económica y la recuperación del empleo. Tercero, el Plan Bizi Berri, enfocado a adaptar los hábitos sociales a una nueva cultura de vida que prime la convivencia y la corresponsabilidad.
El objetivo a corto plazo es reducir la Tasa de incidencia hasta situarla entre los 60 y 300 casos por 100.000 habitantes. El reto es reducir esta Tasa por debajo de los 60 casos. En pos de este objetivo, y tras reiterar en el ámbito del Estado la necesidad y la demanda de instrumentos con garantías suficientes, hemos agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones. En todo caso, en aras a una gobernanza colaborativa, seguimos solicitando nuevas herramientas para actuar siempre con todas las garantías jurídicas y, si fuera el caso, contemplamos la alternativa de aprobar una Ley vasca anti pandemia.
Comparto con toda la ciudadanía vasca mi convicción: paciencia y constancia, lo vamos a conseguir. Auzolana. Bien común.
El autor es lehendakari del Gobierno Vasco
