escasos días de las elecciones al Parlament de Catalunya la palabra que define la situación es incertidumbre. Es consecuencia de tres factores: la tercera ola de la pandemia de covid-19; la volatibilidad de unas encuestas poco fiables que parecen tener como único objetivo decantar el voto de los electores indecisos que, salvando todos los temores, acudan a las urnas el 14 de febrero o voten por correo; y, finalmente, por las escasas capacidades de gestión demostradas en tiempos de pandemia por algunos de los partidos y candidatos con opciones de gobierno. Claro que ninguno de estos factores impedirá que se celebren las elecciones. Y serán legales con independencia de la participación y de la legitimidad de hacerlas en estas circunstancias. Ya se sabe que una cosa es el Estado de derecho y otra el derecho que se han arrogado ciertos poderes del Estado de forzar la legalidad en función de sus intereses.

En esta ocasión, con una campaña telemática con muy poca resonancia, en plena tercera ola de la pandemia y con una población agotada tras meses de restricciones y de mediocridad política a la hora de hacer frente a la covid-19, las encuestas preelectorales son poco fiables, más allá de que se estima una abstención considerable. El CIS y GESOP dan la victoria al PSC; el CEO, a ERC; y DYM, a JxCat. La poca fiabilidad se traduce en unas horquillas muy amplias en las estimaciones de escaños: ERC, 29-35; PSC, 26-35; JxCat, 20-38; C’s, 11-15, en 2017 había quedado en primer lugar con 36 diputados; ECP, 6-12; CUP, 6-11; Vox, 5-10; y PP, 4-9. En la banda baja, ERC yJxCat -con el apoyo de la CUP- quedarían lejos de la mayoría absoluta de 68 escaños. En la banda alta, la podrían superar ampliamente. En el caso de no darse una mayoría independentista -o incluso en ciertas circunstancias si se diera-, se abren dos posibilidades de gobierno: un pacto de izquierdas ERC y ECP con apoyo parlamentario del PSC, una especie de espejo invertido del gobierno de PSOE-Podemos en Madrid; y, mucho menos probable aunque sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona, el oscuro objeto del deseo, como en Euskadi en 2001, de los constitucionalistas, un gobierno PSC-ECP que precisaría del apoyo del PP, C’s y de la extrema derecha (Vox). Y la peor opción: un bloqueo que impida formar gobierno y aboque a nuevas elecciones.

Las encuestas reflejan la incertidumbre de la situación epidemiológica. Desde los inicios de la pandemia en Catalunya se han registrado a 4 de febrero 517.250 casos y un total de 19.598 defunciones. La tercera ola, la actual, es el resultado de la movilidad y de la mayor sociabilidad habida en las pasadas fiestas de Navidad. Desde principios de enero, las nuevas infecciones han oscilado entre las veinte y las veintisiete mil semanales, con el pico en la semana del 11 al 17 de enero, y una media diaria de 3.199 nuevos casos, lo que a 4 de febrero daba una presión hospitalaria de 2.683 ingresados por covid en centros hospitalarios, 716 de los cuales en UCI. Entre esas mismas fechas el total de defunciones por covid-19 fue de 2.421, ahora con el pico en la tercera semana de enero, y una media de 62 defunciones diarias. Con esas cifras, la recomendación de los expertos sanitarios y el acuerdo previo de todos los partidos políticos, el 15 de enero, el vicepresidente del Govern de la Generalitat emitía un decreto que dejaba “sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el próximo 14 de febrero de 2021” y las retrasaba al 30 de mayo. Organizaciones próximas al PSC y la fiscalía interpusieron recursos por considerar que Pere Aragonés se había extralimitado en sus funcionesy el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulaba el decreto y mantenía la fecha de las elecciones para el 14 de febrero.

El Govern no ha recurrido la sentencia del TSJC “para no generar más incertidumbre de la que ya existe”, declaró Bernat Solé, conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, y los partidos independentistas han acusado al PSOE de una maniobra destinada a aprovechar el efecto Illa, mientras, en un gesto inédito en toda su historia, el CIS publicaba en el ecuador de la campaña electoral una encuesta que pronosticaba una victoria contundente del PSC. No está claro en qué consiste el efecto Illa. ¿Es la ratio de 129,21 defunciones por cada 100.000 habitantes (la cuarta peor de Europa Occidental) o es la capacidad del PSC de acoger a algunos de los que huyen del barco de C’s que se hunde? Además, el lema de campaña, Sí, volvemos, es todo menos afortunado y, en el primer debate electoral, hubo quien le recordó que otros no se habían ido.

Pero tampoco en el lado independentista las cosas están claras por mucho que los presos políticos simbolicen en actos conjuntos una unidad inexistente. ERC, en complicidad en el Congreso de los Diputados con Bildu, como visualiza el mitin conjunto en Girona de Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi del domingo, exige la amnistía y la mesa de diálogo tras las elecciones, que ya tiene luz verde después de que PSOE y Podemos apoyaran una proposición republicana en este sentido, y apuesta por ampliar la base independentista haciendo política en el mientras tanto, como diría Gabriel Rufián, cosa harto difícil cuando el socio del Gobierno no está por la labor. Es una posición que no entusiasma a muchos ciudadanos desengañados de tantas promesas incumplidas por un Estado que antepone la unidad de España a cualquier otra consideración, incluido el diálogo para resolver los conflictos políticos. ERC confía quizás que con el gobierno de coalición en Madrid se abren nuevas perspectivas. JxCat, por el contrario, a pesar de sus orígenes moderados -heredero de CDC con permiso de un PDECat que parece no tener opciones- apuesta por lo que algunos denominan independentismo mágico, ya que Laura Borràs afirma que proclamará la DUI (declaración unilateral de independencia) para mantenerse fiel al mandato del 1 de octubre. Sin embargo, no explica muy bien cómo lo hará ni qué políticas pretende llevar a cabo. Al mismo tiempo, JxCat propicia un cierto victimismo que visualice la represión del Estado español contra el independentismo: Quim Torra fue inhabilitado y dejó la presidencia sin convocar elecciones y Borràs está investigada por presuntas adjudicaciones irregulares cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. De manera desafortunada equiparó su caso con el de los represaliados políticos diciendo que el vicepresidente Junqueras también está en la cárcel por corrupción, lo que provocó las iras de ERC por mucho que se disculpara manifestando que era una frase sacada de contexto.

La relación entre ERC y JxCat está cada vez más deteriorada y en eso fía el PSC sus opciones. No van mejor las cosas en la CUP y el Consejo político ya ha rectificado por dos veces a su candidata Dolors Sabater, cuando declaró que estaban “dispuestos” a entrar en el Govern y cuando afirmó que no daría su apoyo a Borràs mientras siga investigada.

En fin, a pocos días, lo único cierto es el miedo a contagiarse en unas elecciones cuya fecha de celebración ha decidido el TSJC y no las autoridades sanitarias: casi 300.000 personas han votado por correo (un 350% más que en 2017) y, a 5 de febrero, 20.579 miembros (el 25%) de los 82.000 que han de formar las mesas electorales habían presentado alegaciones excusándose.

El autor es catedrático de Historia Contemporánea, Universitat de Barcelona