on motivo de la pasada campaña electoral autonómica, y por iniciativa de la asociación Euskal Herria Kirola, los partidos políticos vascos han tenido ocasión de pronunciarse sobre su postura en relación a la oficialidad de las selecciones deportivas vascas, cuestión ésta que afecta ciertamente al régimen de organización del asociacionismo deportivo, de base privada, pero que tiene un componente simbólico y político indudable.
Ninguna duda se plantea acerca de la apuesta programática de los dos principales partidos vascos, EAJ-PNV y EH Bildu, que siempre han recogido entre sus postulados la consecución de la oficialidad internacional del deporte vasco y así se manifiestan también ahora, confluyendo (quizás más que en el pasado) en los pasos necesarios a dar en el camino en pos de ese objetivo. Más allá de esa tradicional aspiración de los partidos abertzales, que a día de hoy se actualiza en casi un 70% de la representación parlamentaria vasca, cabe incidir singularmente en la posición de las organizaciones políticas de subsiguiente implantación, es decir, del PSE-EE y de Elkarrekin Podemos-IU (solo los minoritarios PP+C’s y Vox rechazan de plano la cuestión, en sintonía con su radical y excluyente conceptuación de la unidad española en todos los ámbitos).
Es de subrayar que el Partido Socialista de Euskadi-PSOE (tercera fuerza política vasca), acercándose a posiciones de moderación y posibilismo, afirma en contestación escrita al cuestionario planteado en euskera, que… “Euskal Sozialistek errespetatu eta babestu egiten ditugu nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko ekintzak abian jarri dituzten Euskadiko kirol-federazioek, berez borondatez, eta autorregulazioko esparru pribatuaren barruan”. Es decir, los socialistas vascos afirman respetar y apoyar las iniciativas puestas en marcha por las federaciones deportivas vascas, en ejercicio de su voluntad dentro del ámbito privado de autorregulación, para tomar parte en competiciones internacionales oficiales.
Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU, cuarto partido de la CAPV, señala ante igual cuestión: “Elkarrekin Podemos-IUk beti erakutsi du bere babesa euskal kirolaren aldarrikapenari, haren hedapenari, ofizialtasunari eta nazioartekotzeari. Nazioarteko lehiaketetan nahi duten euskal selekzioen parte hartzea eskatzen dugu”. Nítido planteamiento el de la formación morada, que asevera haber mostrado siempre su apoyo a la oficialidad e internacionalización del deporte vasco y que hoy pide la participación de todas las selecciones vascas que así lo soliciten en competiciones internacionales.
De lo anterior, y en consecuencia con lo manifestado por los cuatro principales partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, puede afirmarse con claridad que el apoyo a la oficialidad internacional de nuestras selecciones deportivas alcanza un porcentaje abrumador de la representación ciudadana de la CAV: un 90% de su expresión parlamentaria.
Sería de interés, a mayor abundamiento, conocer cuál es a día de hoy, ante este tema de la representación simbólico-deportiva, la sensibilidad de la sociedad por sectores a través de la realización de una actualizada encuesta de opinión, si bien en anteriores consultas ya se ha pronunciado en favor de la oficialidad internacional con porcentajes equiparables a los que hoy expresan las principales fuerzas parlamentarias aludidas.
Conviene incidir de nuevo, y especialmente, en la posición del Partido Socialista, no ya por su representación parlamentaria cualitativa, al formar parte del Gobierno Vasco (participación llamada a renovarse) y de otras instituciones de la CAPV, sino, singularmente, por presidir y dirigir hoy el Gobierno del Estado.
A tal respecto, hay que recordar que el acceso del presidente Pedro Sánchez a su investidura se produjo a través (entre otros) de un Acuerdo Institucional con el Partido Nacionalista Vasco, acuerdo que incluía en su Punto nº 11 el compromiso del Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos de “abrir cauces para promover la representación institucional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural”, es decir, de garantizar la presencia internacional oficial de nuestras selecciones deportivas, como todo el mundo rectamente ha entendido, comenzando por los medios exégetas del acuerdo.
En el calendario estatal es asignatura pendiente (una de muchas) la necesidad de sustituir la vigente Ley del Deporte, Ley 10/1990, recuperando el texto del Anteproyecto elaborado en la anterior legislatura, borrador éste que, a su vez, ha de ser objeto de actualizaciones y modificaciones, no sólo las derivadas del tiempo presente y de la situación creada por la pandemia, sino incorporando las enmiendas que hagan efectivo el citado Punto nº 11 del acuerdo institucional de investidura con el PNV. Esa adecuación legislativa cobra singular importancia dados los términos en los que se pronunció el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Ley vasca del Deporte (STC 80/2012), donde, pese a respetar el tenor de ésta, viene a construir un título competencial del Estado basado no ya en el bloque de constitucionalidad, Constitución y Estatuto de Autonomía, sino en la propia ley estatal sectorial, con una técnica de interpretación conforme más que cuestionable, que obliga a hilar fino a la hora de configurar la legislación ordinaria del Estado.
A esas concretas adaptaciones de la Ley estatal que permitan abrir y no cerrar caminos a la representación internacional en materia deportiva con base en la singularidad vasca cultural y deportiva, habría de unirse sin duda una posición activa, o al menos no obstaculizadora, por parte de la administración central (léase Consejo Superior de Deportes) para que el deporte vasco pueda formar parte de las federaciones y asociaciones de ámbito europeo e internacional cuando así lo aprueben interna y democráticamente las federaciones deportivas vascas correspondientes, como ya viene ocurriendo en sucesivos casos en los que en distintas disciplinas se ha solicitado, o se está en trance de solicitar, el ingreso en la respectiva internacional de la modalidad.
Los acuerdos no se firman en el hielo (pacta sunt servanda). Ni el rubricado para tan alto fin institucional, ni el suscrito con la ciudadanía a través de las referidas posiciones de los partidos en las recientes elecciones autonómicas. En Madrid, y también en Euskadi, donde en esta nueva legislatura autonómica se planteará, asimismo, la aprobación de la Ley vasca de la Actividad Física y del Deporte, que ha de recoger por su parte, entre otras exigencias de necesaria regulación, disposiciones expresas relativas a la proyección exterior de nuestro deporte.
Es el tiempo de la oficialidad deportiva internacional. Gu ere bai, zergatik ez?
El autor es abogado