Recientemente la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha justificado la exclusión de la enseñanza concertada de los fondos de reconstrucción tras el covid-19 con estas palabras: “Para que avance la educación no sirve dar más al que más tiene”. Apoyo totalmente el principio basado en la justicia social. Pero hay que llevarlo a la práctica. Pongamos un ejemplo. José López -nombre imaginario- es una persona de posición económica desahogada que ha decidido enviar a sus hijos a le escuela pública porque está más de acuerdo con la educación que él quiere para sus hijos. Su suficiencia económica no será obstáculo para que se cumpla su deseo, y el colegio será totalmente gratuito, con derecho además de beneficiarse de las ayudas que la Administración otorga para mitigar los efectos del covid-19. Me parece totalmente justo y necesario. Antonio Pérez -nombre también imaginario- tiene apuros económicos, pero quiere para sus hijos el tipo de educación que se imparte en un centro determinado. Además de pagar los impuestos que le darían derecho a una educación gratuita y contribuir al sostenimiento de actividades del centro, se verá privado de toda ayuda extra para las situaciones de emergencia. Parece claro que el menos pudiente, Antonio Pérez, es el más perjudicado. Se podrá argüir con razón que el Estado no puede atender a todas las elecciones que hacen los ciudadanos porque los recursos son limitados. Pero hay que decir que un alumno en un centro concertado le cuesta a la Administración algo más que la mitad del que estudia en un centro público. Costearle no resulta una carga mayor sino todo lo contrario. Por todo eso, apoyo la enseñanza pública pero reivindico el derecho de los pobres a elegir el centro y a que el Estado los tenga en cuenta.
